Las acusan de concertar entre sí los precios de sus respectivos servicios en perjuicio de sus competidoras, una admisión de que las reglas del mercado no ordenan las cosas automáticamente. Claudio Belocopitt, su firma Swiss Medical, Osde y Medifé, entre otras bajo la lupa
¿Y las reglas del mercado que todo lo ordenan sin intervención del Estado? La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó a siete grandes empresas de medicina prepaga, a la asociación que las agrupa y a su mediático ex presidente por presuntas prácticas anticompetitivas. La acusación surge tras una investigación que comenzó en enero de 2024 al descubrir indicios de un posible acuerdo colusivo (concertación entre firmas para obtener ventajas sobre el resto).
Las empresas investigadas y acusadas de cartelización son:
También fueron imputados los responsables de la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a las empresas mencionadas.
En particular, se imputó a Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical y ex presidente de la UAS, en relación a las presuntas prácticas concertadas que habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y abril de 2024.
La denuncia de cartelización fue realizada ante la CNDC, que constató que las empresas aumentaron de forma coordinada las cuotas de los planes de salud violando las normativas de competencia.
Ante esta situación, la CNDC y la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía intervinieron en abril de 2024, obligando a las empresas a retrotraer los precios a los niveles de diciembre de 2023.
Además, se les prohibió intercambiar información relacionada con precios, servicios y costos, tanto en las reuniones de la UAS como en cualquier otro ámbito comercial.
Según la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), las empresas y personas imputadas tienen 20 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas para defender su postura. Luego, la CNDC podrá fijar un plazo de hasta 90 días hábiles (prorrogables por otros 90 días) para que se presenten las pruebas correspondientes. Finalizado este proceso, las partes dispondrán de seis días hábiles para realizar sus alegatos.
Si la CNDC determina que las pruebas confirman la imputación, las empresas podrían ser multadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.
La CNDC recuerda que las prácticas de cartelización, como la fijación de precios o la restricción de la oferta, son consideradas infracciones graves a la legislación de competencia.
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