El Parlamento italiano aplazó la investigación por prostitución de menores.
La comisión del Parlamento italiano encargada de aprobar la inspección de las oficinas del contador de Silvio Berlusconi aplazó para la próxima semana toda decisión sobre el caso que compromete al primer ministro con acusaciones de prostitución de menores y abuso de poder.
La solicitud fue presentada por el tribunal de Milán a la Junta para las Autorizaciones de la Cámara de Diputados, la cual consideró necesario más tiempo para examinar las 389 páginas de la documentación.
Berlusconi es investigado por el caso de la joven marroquí, conocida como Ruby Rubacuore (Ruby Robacorazones), a quien se le atribuye haber mantenido relaciones sexuales con el jefe de gobierno cuando era menor de edad.
La documentación incluye numerosas escuchas telefónicas y testimonios de jóvenes mujeres que aseguran haber participado en las controvertidas fiestas organizadas en la residencia privada del millonario primer ministro, Villa Arcore, a las afueras de Milán.
Los jueces solicitaron oficialmente autorización al Parlamento para inspeccionar las oficinas del leal contador de Berlusconi, Giuseppe Spinelli, administrador desde hace 30 años de los ocho holding de la familia y tesorero de la fortuna y de los secretos de Il Cavaliere.
Spinelli entregaba, según la acusación, sobres de 5.000 euros a las prostitutas, y concedía en nombre de Berlusconi el uso gratuito de departamentos, entre ellas a las dominicanas Arisleida Espinosa y María Ester García Polanco así como a la brasileña Iris Berardi.
Algunos de los diputados y funcionarios que han podido leer los documentos de la fiscalía, filtraron a la prensa numerosas escuchas telefónicas, anexas como pruebas, con conversaciones picantes y comprometedoras, que describen un mundo decadente, con mujeres jóvenes que compiten para convertirse en “la preferida” del magnate.
Berlusconi corre el riesgo de ser condenado a una pena que va de seis meses a tres años de cárcel por violar el artículo 600 bis del Código Penal, que paradójicamente fue introducido por su gobierno para luchar contra la prostitución infantil y que además no admite reducciones de pena, explicaron fuentes judiciales.
Por “concusión” o abuso de poder, al haber intervenido personalmente en mayo pasado para que Ruby, cuyo verdadero nombre es Karima el Mahroug, fuera liberada por un presunto robo, podría ser condenado a entre seis y doce años de cárcel.
El jefe de gobierno italiano negó el martes pasado que piense dimitir y se declaró “sereno” frente a la agitación provocada por el escándalo “Rubygate”.
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