Bienes recuperados del crimen organizado: una oportunidad perdida para reparar y reconstruir el tejido social

El Gobierno nacional aprobó, mediante el DNU 575/2025, un nuevo régimen de conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas. La nueva regulación ignora la obligación de reparación a las víctimas directas e indirectas de los crímenes que recae sobre el Estado y establece una política que únicamente pondera el valor económico de los bienes recuperados como estrategia de recaudación por parte del Estado.

El decomiso de bienes provenientes de delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero o la corrupción es una herramienta poderosa para debilitar económicamente a las organizaciones criminales, pero no para financiar las deficiencias administrativas del Estado. Su verdadero potencial reside en que, cuando estos bienes son reutilizados por el Estado y las organizaciones sociales para beneficiar a las personas y comunidades más afectadas, se inicia un proceso de reparación del daño y de reconstrucción del tejido social que fue atacado. Cuando las víctimas no son consideradas, la iniciativa se desnaturaliza por completo.

Algunas de las cuestiones planteadas en este decreto resultan ser de suma gravedad, al afectar la reparación de las personas y la posibilidad de alcanzar un sistema de administración y reutilización efectivo y transparente:

1- La aprobación de la reforma y derogación de múltiples leyes penales mediante un DNU y sobre todo, sin que se encuentre justificada la necesidad y urgencia es contrario a lo que establece el artículo 99, inc. 3 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Esto es aún más grave considerando que desde hace más de tres años existe en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley para crear un sistema de administración y reutilización de los bienes cautelados y decomisados que fue consensuado entre casi todos los bloques legislativos (Unión por la Patria, La Libertad Avanza, PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal), junto a organizaciones sociales y operadores judiciales, y que sigue esperando el tratamiento en comisiones que son presididas por el propio oficialismo.

2- El nuevo régimen reduce los bienes a su mero valor económico, ignorando su potencial reparador. Al no priorizar la reutilización social, se limita únicamente a considerar la restitución monetaria de los bienes en favor de algunos organismos del Estado, desconociendo a las víctimas que no forman parte de los procesos judiciales y desaprovechando una política que le permitiría al Estado conceder su uso a diferentes organismos y a las organizaciones sociales como los centros de rehabilitación, clubes de barrios y sociedades de fomento, evitando así la responsabilidad de reparación.

3- El DNU no establece mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas, abriendo la puerta a decisiones discrecionales y a posibles hechos de corrupción. El régimen no fija criterios objetivos para administrar, custodiar, enajenar o concesionar bienes, ni obliga a transparentar información que permita el monitoreo institucional y ciudadano durante todo el proceso. Son varios los casos en donde los bienes cautelados y decomisados han sido administrados discrecionalmente y con motivos clientelares, generando un costo muy grande al Estado y a toda la sociedad.

4- Duplica estructuras institucionales ya existentes, generando superposición de funciones y pérdidas para el Estado. Hace menos de un mes, la Corte Suprema actualizó el régimen para la administración y la reutilización de los bienes cautelados y decomisados (Acordada 22/2025). El nuevo sistema repite errores, sin una autoridad única y con roles superpuestos, generando mayores gastos, reduciendo la efectividad e imposibilitando la conformación de una herramienta adecuada.

La reutilización social de bienes es una política estratégica para debilitar al crimen organizado, reparar a las víctimas y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Los países que la implementaron con seriedad lograron debilitar económicamente a los grupos criminales y fortalecer la legitimidad institucional y la vida democrática a través de la disposición directa de esos bienes a las instituciones, y los territorios más afectados. La lucha contra el crimen organizado no puede ser un mecanismo de recaudación para el Estado.

Desde el proyecto Bien Restituido trabajamos desde hace cinco años con todos los bloques legislativos, entablamos conversaciones con diferentes funcionarios nacionales y provinciales y elaboramos, en conjunto, un proyecto que se encuentra paralizado en el Congreso de la Nación. Hacemos un llamado a que esta política se construya de manera integral, transparente y participativa, con la intervención no solo de un poder del Estado, sino también de las comunidades y las organizaciones que enfrentan diariamente las consecuencias del crimen organizado en los territorios más afectados.