El proyecto de “exteriorización” de capitales será tratado en plenario de comisiones mañana y el miércoles en el recinto. No está prevista la presencia de los cinco funcionarios del área económica que sí se prestaron al debate en el Senado.
La Cámara baja entró en letargo a principios de mayo después de haber sancionado la reforma del Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares y la creación de nuevas cámaras de Casación, más otras dos iniciativas de la reforma judicial.
Mañana, a las 14, se reunirán en forma conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas y de Legislación General, para dictaminar en relación del proyecto de ley que creará un bono y un certificado de inversión (Cedin) para que los evasores puedan reingresar dólares al país sin consecuencias fiscales.
Personal de la comisión de Presupuesto que preside Roberto Feletti (FPV) precisó que no estaban citados los cinco funcionarios que concurrieron al Senado para informar sobre el proyecto: el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el viceministro de la cartera, Axel Kicillof; la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y el titular de la Afip, Ricardo Echegaray.
La sesión
Tras emitir el dictamen que impulsará el oficialismo, el asunto tendrá tratamiento en el recinto al día siguiente en una sesión especial donde también Diputados convertirá en ley el proyecto para garantizar el ingreso “igualitario” de personal letrado y de servicios al Poder Judicial.
La iniciativa volvió con modificaciones desde el Senado y es la única integrante del paquete de la reforma judicial que queda sin sancionar.
Nueva postergación
Por otra parte, estaba previsto que el miércoles 29 ingrese al temario la ley de Fertilización Asistida, que volvió del Senado con modificaciones en el texto, pero según confirmaron fuentes del radicalismo, su tratamiento será postergado nuevamente.
El proyecto, que es reclamado por una importante franja de la población, establece una ley nacional para garantizar el acceso igualitario y la cobertura a todos los individuos y parejas, sin discriminación ni exclusión por su orientación sexual o su estado civil, a los procedimientos y técnicas de fertilización asistida de baja y alta complejidad.
Se estima que actualmente entre un 10 y un 15 por ciento de parejas de la Argentina no pueden acceder a los métodos de fertilización asistida por no contar con los recursos económicos necesarios para ello.
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