La Defensoría del Pueblo logró terminar con un decreto de 1997 que les prohibía ser donantes de sangre por considerar a este colectivo entre los grupos de alto riesgo de contagio de sida. Ahora la lucha es por el matrimonio igualitario e incluir los crímenes de odio en el Código Penal
Los homosexuales y bisexuales han dejado de ser calificados como “promiscuos” en una normativa que regía en Bolivia desde 1997, un avance en el reconocimiento de sus derechos, según expresó la Defensora del Pueblo boliviana, Nadia Cruz.
La revisión se consiguió tras tres años de lucha desde la Defensoría del Pueblo.
Un decreto de 1997 excluía de la posibilidad de donar sangre a “homosexuales y bisexuales promiscuos”, una expresión eliminada recientemente con una nueva norma, explicó la Defensora en una nota. Un decreto modificó esta semana el artículo de la norma de hace más de dos décadas que incluía esa exclusión, por considerar a este colectivo entre los grupos de alto riesgo de contagio de sida, indicó la Defensora.
La modificación garantiza la igualdad de este colectivo, en cumplimiento de la Constitución y de Ley Contra Toda Forma de Racismo y Discriminación de Bolivia, destacó Cruz.
La Defensoría aboga por una institución similar al matrimonio e incluir los crímenes de odio en el código penal.
La revisión de la norma era impulsada desde 2016 por la Defensoría del Pueblo en coordinación con colectivos LGBTI del país, ante el Ministerio de Salud de Bolivia, “para revertir la vulneración de sus derechos y la afectación a su dignidad”, señaló.
Colectivos como el de transexuales protagonizaron en Bolivia movilizaciones en demanda de sus derechos civiles, como una huelga de hambre en 2017 tras un fallo del Tribunal Constitucional del país que limitaba algunos de ellos. El fallo sostenía que pueden cambiar datos como su nombre, imagen e identidad sexual en documentos oficiales, pero sin derecho al matrimonio, la adopción ni la participación política en base a la paridad de género.
La Defensoría del Pueblo presentó ese año propuestas normativas para legalizar en el país una institución similar al matrimonio e incluir los crímenes de odio en el código penal, como demanda la comunidad LGBTI boliviana.
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