“Arribamos a este acuerdo preservando el plan de inversiones estipulado por el gobierno provincial y el incremento salarial otorgado para el personal de la empresa", dijo el gobernador.
El gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, suscribieron esta tarde en Buenos Aires una serie de acuerdos sobre tarifas y obras eléctricas por los cuales en Santa Fe se llevará adelante el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina.
“Arribamos a este acuerdo con el gobierno nacional preservando el plan de inversiones estipulado por el gobierno provincial y el incremento salarial otorgado para el personal de la empresa», indicó el titular de la Casa Gris.
«Nos ha costado mucho a los santafesinos que esta empresa permanezca en la órbita del Estado, por lo tanto, no podíamos arriesgarnos a desfinanciarla. No obstante, siempre expresamos la voluntad de acordar el congelamiento de la tarifa, teniendo en cuenta estas salvedades», agregó el gobernador.
El acuerdo indica que la provincia de Santa Fe se compromete, por un plazo de 365 días a partir del 1º de enero de este año, a retrotraer y a mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes al 31 de diciembre de 2013.
Además, se realizarán estudios tendientes a determinar los costos actuales del «Valor Agregado de Distribución (VAD)» y a partir de ellos determinar las regiones tarifarias y los precios de referencia.
Simultáneamente, se firmó un convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante el cual la Nación se compromete a la ejecución de un plan de inversiones de obras de distribución eléctrica en el territorio santafesino, necesarias para optimizar la prestación del servicio público de electricidad.
Según indicaron voceros del Gobierno Nacional, el objetivo de la iniciativa es evitar asimetrías tarifarias dentro de las regiones para «optimizar la capacidad productiva regional, el desarrollo económico y social y la competitividad»; y lograr «equidad en la aplicación de los subsidios en los sectores residenciales, garantizándoselos a aquellas familias que realmente lo necesitan, e industriales y comerciales, para no generar competencia desleal».
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