Brasil: hoy le toca a opositores

Miles de opositores esperan salir hoy a las calles de las principales ciudades de Brasil para manifestar su descontento con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, luego de que el viernes pasado se sucedieran distintas movilizaciones en respaldo de la mandataria, del sistema democrático y contra los intentos desestabilizadores y golpistas, según denunciaron sus simpatizantes. En las últimas semanas el país intenta torcer una economía en declive desde el último año a lo que se suma el resonante caso del desvío de fondos multimillonarios de la empresa estatal Petrobras.

Las protestas fueron convocadas por diferentes sectores que invocaron distintos motivos: algunos reclaman cambios en la política económica, otros se quejan por el escándalo de Petrobras e incluso grupos más radicales piden su destitución.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), principal fuerza opositora, dijo días atrás en un comunicado que “apoya los actos pacíficos y democráticos” convocados para hoy y su ex candidato presidencial Aécio Neves aclaró que los pedidos de juicio político a Rousseff “no están en la agenda” de su agrupación.

Contra la posibilidad de un juicio político a la mandataria se manifestó también el vicepresidente Michel Temer, que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), el más numeroso del país y el principal aliado del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff en el Ejecutivo y en el Congreso.

Esa alternativa es “inviable e impensable” y “supondría una ruptura del proceso institucional”, opinó Temer, quien consideró que las protestas son “legítimas” y “saludables para la democracia” siempre que transcurran de manera pacífica.

En tanto, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sostuvo que la idea de un juicio político a la presidenta es una “equivocación profunda” que no tiene “ninguna base jurídica”, y agregó que esa iniciativa “huele a golpe” y a “revancha” de sectores de oposición por “no haber asimilado la derrota” en las elecciones generales de octubre pasado, en las que Rousseff fue reelecta.

Cardozo subrayó que la legislación brasileña establece que debe existir un “hecho jurídico imputable” para iniciar un proceso de juicio político al jefe del Estado y afirmó que “no hay nada a ser imputado” a Rousseff.

El viernes pasado salieron a las calles miles de simpatizantes del gobierno de Rousseff que enarbolaron consignas tales como “Fuera golpistas”, “La corrupción se enfrenta con la reforma política” y “Petrobras es del pueblo”.

Rousseff admitió el martes pasado que la economía brasileña atraviesa una situación “difícil” y aseguró que su gobierno está “haciendo todo el esfuerzo para que al final de este año las señales de recuperación comiencen a reaparecer”.

La situación está caracterizada por el estancamiento de la actividad, inflación en el mayor nivel en los últimos diez años, depreciación continua de la moneda nacional y déficit fiscal y comercial crecientes.

Frente a ello, el gobierno propuso un plan que incluye un ajuste de gastos, un aumento de impuestos y un alza de las tasas de interés, pero aún no logró la aprobación parlamentaria.

Por otra parte, cerca de 50 legisladores –entre ellos los actuales presidentes de las dos cámaras del Congreso y el ex mandatario Fernando Collor de Mello, que es senador– son investigados por el presunto multimillonario desvío de fondos de Petrobras para financiar campañas electorales del PT y sobornar a parlamentarios para aprobar proyectos de leyes impulsados por el gobierno.