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¿Justicia anticorrupción o Estado policial? Los jueces destaparon las cloacas de la política en Brasil con métodos que les han valido críticas y que los han llevado a chocar frontalmente con los demás poderes.
La decisión del juez Sergio Moro –a cargo del caso Petrobras– de divulgar llamadas telefónicas interceptadas al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva o el bloqueo judicial a su asunción como ministro ilustran, según analistas, la manera en que los magistrados están traspasando sus fronteras y actuando políticamente.
Al pinchar las conversaciones de Lula, Moro captó diálogos con la propia mandataria Dilma Rousseff. Y cuando el ex presidente fue designado ministro, el juez liberó el acceso a los audios.
“Moro hace un uso político de la operación Lava Jato” sobre la petrolera estatal, con lo cual “abre un precedente y alienta a otros jueces conservadores a hacer lo mismo”, dijo a la AFP el abogado Marilson Santana, profesor de Derecho en la Universidad Federal de Rio.
La divulgación de la conversación entre Rousseff y Lula desató un terremoto político, al ser ampliamente interpretada como la confirmación de que el ingreso de Lula al gobierno se proponía proteger al ícono de la izquierda de una eventual orden de prisión.
En la grabación, Rousseff informa a Lula que le enviaba el decreto de su nombramiento, para que pueda “usarlo en caso de necesidad”.
Miles de personas se volcaron de inmediato a las calles, para exigir la dimisión de Rousseff.
“Los golpes comienzan así”, reaccionó la jefa de Estado.
Descrédito de la política
La operación Lava Jato sacude a toda la clase política, pero hasta ahora se ha focalizado principalmente en el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Rousseff y en otros partidos de la coalición de gobierno.
Moro es considerado por la oposición como un paladín de la Justicia. Pero para la senadora petista Gleisi Hoffman está “incendiando el país”.
Los cuestionamientos no son sólo políticos.
“El imperioso combate contra la corrupción no puede avanzar en rebeldía de las garantías individuales y de las leyes vigentes”, editorializó el diario Folha de Sao Paulo.
Moro alegó que los teléfonos intervenidos eran de Lula y no de la presidenta. Incluso citó como precedente el escándalo de las escuchas telefónicas de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon en 1974.
“Ni siquiera el primer mandatario de la República tiene un privilegio absoluto en el resguardo de sus comunicaciones, aquí recogidas fortuitamente”, escribió Moro. El “conocido precedente” del caso Watergate “es un ejemplo a ser seguido”, insistió.
Entidades jurídicas cerraron filas en defensa del juez, cuyas decisiones nunca han sido revertidas por alguna instancia superior.
Pero Rousseff hizo notar que, “en muchos lugares del mundo, quien pincha el teléfono de un presidente va preso si no tiene autorización de la Corte Suprema”.
El descrédito de la política puede ser una de las explicaciones para este vigoroso Poder Judicial, dicen expertos.
“Estamos en un momento muy grave, en que el Poder Legislativo está arrinconado porque sus líderes son investigados y el Poder Ejecutivo está completamente desacreditado por un gobierno ineficiente”, dijo a la AFP Antonio Carlos de Almeida, abogado del banquero André Esteves, procesado en el marco de la operación Lava Jato.
“Entonces, el Judicial se convirtió en el gran poder. Y eso es muy riesgoso, porque como (el jurista) Rui Barbosa decía: «La peor dictadura es la dictadura del Poder Judicial, porque no queda a quién recurrir»”, comentó.
Moro tampoco vaciló en ordenar el registro del domicilio de Lula, el 4 de marzo, y en llevar a declarar por la fuerza al hasta ese momento intocable dirigente.
“La operación Lava Jato tenía un objetivo claro: hacer inviable a Dilma y anular a Lula para las elecciones de 2018”, insiste el abogado Marilson Santana.
República de Curitiba
En algunas de sus conversaciones grabadas, Lula afirmó que los jueces estaban “acobardados” ante los fiscales anticorrupción y el juez Moro.
Un juez de la Corte Suprema bloqueó el viernes el nombramiento ministerial de Lula, por considerarlo un “salvoconducto” de la presidenta para protegerlo de la justicia ordinaria.
El magistrado decidió además que la investigación siga en manos del juez Moro, de la sureña Curitiba.
“Sinceramente, estoy asustado con la República de Curitiba, porque a partir de un juez de primera instancia todo puede ocurrir en este país”, dijo Lula en una de las conversaciones pinchadas.
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