Bullrich y el gobierno santafesino se acusaron de politizar la seguridad

Anuncios rimbombantes, resultados decepcionantes y cruce de reproches.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acusó este viernes al gobierno de Santa Fe de conspirar contra las acciones federales con fines proselitistas. Fue un día después de que la Justicia provincial ordenara liberar a las seis personas que permanecían detenidas por la llamada Operación Contrafuego. El 2 de mayo pasado, la propia funcionaria nacional había llegado a Rosario para anunciar una “exitosa” saga de 35 allanamientos que derivaron en la demora de 34 personas y el secuestro de 24 armas de fuego. Todo, como resultado de la investigación de las balaceras a edificios judiciales o domicilios vinculados a funcionarios de ese poder que tuvieron relación con los juicios a la banda Los Monos. Los peritajes del material incautado determinaron que no se usó en los ataques, y los sospechosos aún bajo arresto recuperaron la libertad.

La ministra insistió en que la investigación que realizó la Policía Federal bajo sus órdenes, en colaboración con el fiscal santafesino Matías Edery, permite sostener que 19 de los detenidos 22 días antes están vinculados a la seguidilla de atentados bajo pesquisa. Incluso, concedió, si las armas que se les secuestraron no lo confirman.

Edery, por su parte, aclaró que su pedido a la cartera nacional para que la Policía Federal colabore con su fiscalía fue respecto a la segunda tanda de atentados, contra edificios de la Justicia y la sede del Concejo Municipal de Rosario, perpetrados en diciembre pasado. Señaló que lo que requirió fue ayuda para dar con un prófugo de la investigación sobre la primer seguidilla de ataques, en mayo y octubre previos, contra domicilios relacionados con funcionarios judiciales. Y para dar con posibles armas utilizadas en esos hechos.

El fiscal aclaró que todos los detenidos en la promocionada Contrafuego estaban bajo la mira de su oficina.

«Politizaciones»

La publicación de ese revés enardeció a la funcionaria. «Que por temas políticos nos quieran tirar el trabajo que se ha llevado sacando armas de los barrios, generando situaciones de más tranquilidad, no lo vamos a aceptar de ningún modo. Ni del gobernador, ni del ministro», dijo en alusión a Miguel Lifschitz y a su par de Seguridad en Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Y sentenció, justo como funcionaria de Cambiemos: «Politizan las causas» judiciales.

La misma crítica, después, cursaron desde el Frente Progresista hacia la Casa Rosada. «El gobierno nacional intenta politizar la seguridad pública con las puestas en escena, mostrando las acciones realizadas», le contestó Pullaro a Bullrich, también a través de los medios de comunicación.

«Lo que se pretende desde la seguridad nacional es golpear a la seguridad provincial para favorecer a la candidatura (a gobernador, por el peronismo unificado) de Omar Perotti», interpretó además el funcionario santafesino, y argumentó su especulación: “Para el oficialismo de Cambiemos lo mejor es que pierda el socialismo en la provincia, ya que es un gobierno que en plena crisis inauguró establecimientos educativos, de salud y rutas, y eso molesta mucho”.

«Las pruebas están, pero no las difundimos»

“Si la Justicia de Santa Fe considera que toda la prueba anterior no es suficiente para imputar a estas personas por las balaceras, por el hecho de que las armas secuestradas no son «exactamente las mismas», es una decisión que yo respeto. Pero las pruebas son absolutamente contundentes. No vamos a dar a conocer las escuchas (telefónicas) porque es una forma de trabajo de nuestro Ministerio preservar las pruebas”, se atajó la funcionaria en comunicación con una radio de Rosario.

Precisamente, esas pinchaduras de teléfonos móviles dispararon el primer cruce en torno a la Operación Contrafuego. Tres de los aparatos intervenidos, reconoció Bullrich en su conferencia del 2 de mayo, eran de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos que cumple una condena a 22 años de prisión en el penal federal de Ezeiza. El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió enseguida a exteriorizar su asombro, y a cuestionar que la cartera nacional haya permitido, sabiéndolo, la posesión de los equipos celulares en la cárcel.

Presentes y ausentes en las conferencias

Bullrich, este viernes, no llegó a culpar al fiscal Edery por el parcialmente frustrado resultado de los allanamientos, desplegados cuatro días después de las Paso de Santa Fe. La ministra cargó sí, con virulencia, contra el Ejecutivo provincial. En particular, contra su par Pullaro. “No puede, por llegar tarde a una conferencia de prensa, tirar a la basura una investigación, eso no se hace”, cuestionó Bullrich. El santafesino, en cambio, aseguró que esa ausencia, del pasado 2 de mayo, se debió a que no le habían avisado del operativo y su posterior comunicación oficial.

El que sí estuvo en la foto de principios de mayo, en cambio, fue el concejal de Rosario por el PRO Gabriel Chumpitaz. «Se enteró y fue», justificó la ministra sobre esa singular presencia.