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Caen seis bandas de prestamistas con métodos mafiosos de la ciudad de Santa Fe

Están relacionadas por los mismos métodos, que incluían apremios violentos a los morosos que no podían pagar las tasas usurarias. Hubo 27 allanamientos, con 31 detenidos. La investigación, que comenzó en julio, incorporó las cartas de dos deudores que se quitaron la vida a causa de los aprietes

Si pres, Créditos Santa Fe, Credit ya, Presta más, Presto Cash, Imperio Equipamiento y Belle Maison. Son los nombres de las seis «empresas» dedicadas a prestar dinero a personas y comercios que no podían acceder a las entidades financieras convencionales desarticuladas por la Justicia santafesina. Sospechan que, aunque independientes, funcionaban en una suerte de red por la similitud de métodos. Cobraban tasas usurarias y recurrían a violentas amenazas, que en ocasiones llegaron a ser apremios ilegales, para asegurarse el cumplimiento de los deudores. El fin de esas operatorias llegó este viernes con 27 allanamientos y 31 detenidos, algunos de ellos residentes en lujosos barrios cerrados de la capital provincial. Los expedientes del caso registran dos suicidios vinculados con los créditos otorgados por esas firmas, la imposibilidad de cancelarlos y los amedrentamientos de los acreedores.

Los seis grupos de prestamistas operaban en la ciudad de Santa Fe, la vecina Santo Tomé y localidades de la región por fuera del circuito financiero. Promocionaban sus «servicios» con páginas propias en redes sociales, colgaban carteles en la vía pública y contactaban también a sus clientes-víctimas a través del boca en boca. No tenían razones sociales registradas. Apuntaban a familias de sectores humildes y pequeños comerciantes en apuros por la situación económica.

Dólares, pesos, pagarés, formularios 08 y drogas

Los 27 allanamientos concluyeron con 31 personas detenidas, todas de nacionalidad argentina, el secuestro de nueve vehículos de alta gama, siete motos, una camioneta, siete armas de fuego, 47 mil dólares y alrededor de un millón y medio de pesos. También se incautó documentación en papel, 14 computadoras, nueve notebooks y 15 tablets que serán relevantes para continuar la investigación que desde julio pasado lleva adelante el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Además, entre el material hallado hay pagarés en blanco firmados por varios acreedores, copias de denuncias con información sobre las causas judiciales en las que se investiga a los grupos, formularios 08 de vehículos y escrituras de terrenos que se supone obtenidos como parte de pagos de los préstamos. Por si faltara algo, los efectivos encontraron marihuana, cocaína y una balanza de precisión.

Los operativos estuvieron a cargo de grupos de Asalto de las Unidades Regionales de la Policía de Santa Fe y el área Especial de Investigaciones de Delito de Narcotráfico de la Policía. Uno de los procedimientos fue en una casa del country Aires del Llano de Santo Tomé, un predio exclusivo de 174 hectáreas sobre la autopista Rosario-Santa Fe. Allí reside uno de los principales investigados.

Apremios violentos que derivaron en dos suicidios

Los préstamos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad, eran cobrados a tasas usurarias por cualquiera de las organizaciones y “toda demora en el cobro de los suculentos dividendos era sancionada con apremios, que ejecutaba la misma «mano de obra», que incluía torturas de todo tipo.

Las presiones eran tan violentas que en la causa quedaron registrados dos suicidios vinculados a las amenazas y extorsiones de las bandas. Como prueba, hay dos cartas escritas por sendas víctimas antes de quitarse la vida, claves para la investigación.

Los expedientes están a cargo de las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación. «Por el momento, corroboramos que lo que tienen en común las bandas es la modalidad para llevar a cabo el delito», informaron las funcionarias.

Urquiza y Jiménez contaron que en la fiscalía se registraron una decena de denuncias de las víctimas a raíz de las amenazas y 20 a partir de los allanamientos. Explicaron que la investigación aún no concluyó. Las imputaciones a los detenidos serán la semana que viene. «Estamos evaluando solicitar un procedimiento extendido para tener un plazo prolongado para realizarlas», adelantaron, porque pretenden discriminarlas por «cada empresa de trabajo, grupo o banda identificada» y para ello tienen que definir el papel y el grado de participación de cada uno de los apresados este viernes.

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