El ministro de Justicia y Seguridad avaló la postura del gobernador que envió una terna que no coincidió orden de mérito que fijó el Consejo de la Magistratura y dijo: "Es una decisión política y después, si dictan malos fallos, nos haremos cargo que designamos a la gente incorrecta"
La polémica en el concurso de jueces de ejecución penal que envolvió los pliegos de Horacio Pueyrredón, Mario Guedes y Valeria Haurigot tendrá un nuevo capítulo este jueves cuando la Legislatura sostenga o eche por tierra la terna que envió el gobernador Maximiliano Pullaro sin tomar en cuenta el órden de mérito que fijó el Consejo de la Magistratura ya que los elegidos el gobernador quedaron en los últimos puestos del top ten propuesto por el órgano asesor, incluso uno de ellos se ubicó en el décimo segundo lugar y dos de ellos que cumplen actualmente funciones como fiscales no aprobaron el examen e impugnaron la decisión los que le permitió seguir en el proceso de selección.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó que reprobaron el examen por cuestiones vinculadas a la falta de formas de una sentencia de cámara pero como en ejecución las resoluciones son verbales les pareció discutible el criterio.
“Más allá de esto, el jurado fue quien entendió que los tres postulantes superaron el umbral de conocimiento y de idoneidad técnica para el cargo al que aspiraban”,dijo. “Luego, queda en manos del Poder ejecutivo designar a las personas que entienda más idóneas, sabiendo que, en definitiva, es responsabilidad del Poder ejecutivo”.
Aclaró el funcionario, en declaraciones a Radio Dos, que “el orden de mérito es una sugerencia del jurado, y por Constitución la designación de magistrados está en cabeza del gobernador de la provincia con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Entonces, es una decisión política y después, si dictan malos fallos, nos haremos cargo que designamos a la gente incorrecta. Pero eso de delegar la designación de magistrados, exclusivamente, al estamento técnico es algo que, hasta por principios, no lo compartimos”, aseguró en la entrevista radial.
El ministro aseguró que “…en este caso, estamos hablando de un tribunal que tiene una función de regulación del sistema de seguridad y penitenciario”, a lo que agregó que en el caso de la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y supervisión carcelaria …”
“Confiamos que se han elegidos personas que sabrán ser jueces, controlar el cumplimiento de la ley y la Constitución sin erigirse en cogobernantes”, concluyó en la entrevista.
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