Un fallo judicial porteño equiparó las obligaciones de las apps de transporte con las de los taxis
Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y DiDi en la Ciudad de Buenos Aires ahora deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros especiales para poder seguir trabajando. La medida surge de un reciente fallo de la Justicia porteña que busca igualar las reglas con las que ya cumplen taxis y remises.
La resolución fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, luego de un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces entendieron que las plataformas digitales prestan un servicio de transporte de pasajeros y que, por lo tanto, no pueden funcionar por fuera de los controles y exigencias que rigen para el resto del sector.
En la práctica, esto implica un cambio importante para miles de choferes que hasta ahora manejaban utilizando una licencia común. Según el fallo, mientras no exista una ley específica que regule a Uber, Cabify y DiDi, sus conductores deberán cumplir los mismos requisitos que los taxistas, incluyendo habilitaciones, seguros y licencias profesionales.
Según supó la Agencia Noticias Argentinas, el fallo judicial sostiene que las aplicaciones no pueden seguir operando en un “vacío legal” que les permita evitar controles regulatorios. Los magistrados remarcaron que taxis y remises afrontan costos, trámites y exigencias que las plataformas digitales no tenían hasta ahora, generando una situación desigual.
De esta manera, los conductores que trabajen con apps de transporte deberán adaptarse a nuevas condiciones para seguir prestando servicio en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los principales requisitos que pasan a ser obligatorios aparecen:
Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín consideraron que Uber y otras aplicaciones forman parte de un “servicio global de transporte” y no solamente de una plataforma tecnológica. Para fundamentar esa postura, incluso citaron antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El fallo también cuestionó duramente al Gobierno porteño por haber permitido durante años una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de las plataformas. Según la resolución, la Ciudad calificaba a Uber como un servicio clandestino, pero al mismo tiempo permitía su publicidad en espacios públicos y no avanzaba con controles efectivos.
Además de exigir nuevas obligaciones para los conductores, la Justicia ordenó que el Gobierno de la Ciudad avance sobre otros aspectos vinculados a las plataformas digitales. Entre ellos, iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos relacionados con seguros o licencias.
Otro de los puntos relevantes es que, mientras siga existiendo esta diferencia regulatoria, el Gobierno porteño no podrá cobrarles a los taxistas determinados aranceles administrativos relacionados con licencias y trámites de operación. La Cámara entendió que no puede exigirse un esquema de costos más pesado para un sector mientras otro compite sin obligaciones equivalentes.
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