Campaña denuncia esterilizaciones a mujeres con discapacidad intelectual

Las esterilizaciones a mujeres con discapacidad, promovidas por algunos sectores de salud y avaladas por el sistema judicial, están basadas en el prejuicio de que no pueden maternar y son violatorias de sus derechos sexuales y reproductivos, denunciaron organizaciones nacionales en el marco de la campaña «Injusta Justicia».

«En Argentina hemos tenido varios casos de esterilizaciones ordenadas por la justicia, donde el consentimiento es dado por la familia, muchas veces producto de una información que reciben de manera sesgada», explicó a Télam Sofía Minieri, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

REDI es socia local de «Injusta Justicia» (www.injustajusticia.org), la campaña regional impulsada por las organizaciones Resurj (Realizing Sexual and Reproductive Justice), Vecinas Feministas y Balance que busca «visibilizar casos donde las leyes que deberían velar por niñas, niños y adolescente, terminan siendo utilizados para vulnerar sus derechos», detalló Minieri.

La incorporación de REDI a la campaña visibiliza específicamente el caso de Gabriela (nombre ficticio), una adolescente de 13 años con discapacidad intelectual de Corrientes que fue violada y producto de ese delito quedó embarazada.

«La mamá de Gabriela se acercó al hospital para pedir un aborto pero los médicos se negaron a pesar de ser uno de los casos contemplados por ley. La mamá apeló a la Justicia y desde aquí no sólo se autorizó el aborto sino que, además, se ordenó realizarle una esterilización», detalló Minieri.

El caso fue dado a conocer en abril de 2019 por Equipo Latinoamericano de Justicia y

Género (ELA): «La primera irregularidad que se presentó fue la obstaculización del pedido efectuada por el Hospital, sometiendo a la niña y a su madre a solicitar autorización judicial para llevar adelante la práctica», sostuvo entonces ELA en un comunicado.

Y continuó: «Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había advertido en el caso FAL que las/os médicas/os deben abstenerse de judicializar estos casos (…). La autorización para llevar adelante la interrupción legal del embarazo fue solicitada a la justicia penal donde tramitaba la denuncia por el abuso sexual del cual la niña».

«En respuesta a esta solicitud, tanto el fiscal como la jueza intervinientes en la causa sostuvieron lo dictaminado por la Corte en el caso «FAL». Sin embargo, no se abstuvieron de intervenir y concedieron la aprobación para la práctica», denunció el comunicado de la organización.

Y añadió que «a pesar de no contar con la declaración de la niña, ya que la Psicóloga Forense determinó que ‘no poseía las condiciones mínimas para efectuar la declaración en Cámara Gesell’, la Junta Interdisciplinaria Forense sugirió «el arbitrio de medidas preventivas para la anticoncepción de A.M.R. y de situaciones de abuso».

Minieri indicó que el fallo se basa en fundamentos que aquí se aplican en forma errónea como «el interés superior del niño, la esterilización como método de prevención de la violencia sexual y, sobre todo, en la imposibilidad de la adolescente para ‘ejercer una maternidad responsable y satisfactoria para ella y para los hijos por venir'».

Si bien la historia de Gabriela es la que REDI aportó para la campaña regional, Minieri recordó al menos otros dos casos en el mismo sentido: «Uno de Córdoba, de 2018, de una mujer de 27 años con parálisis cerebral que después de dar a luz fue esterilizada con consentimiento de la familia y otro de Río Negro, de 2011, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que también ordenó la esterilización de una mujer con discapacidad intelectual».

En Argentina viven dos millones de mujeres con discapacidad, quienes representan el 11 por ciento de las mujeres que habitan en el país.

«Aquí contamos con la Ley 26.130 que, lejos de garantizar que puedan brindar su consentimiento para esta práctica anticonceptiva, permite que algunas mujeres con discapacidad (mayores de edad y que cuentan con restricciones a su capacidad jurídica) sean esterilizadas sin tomar en cuenta su voluntad, siempre que exista una autorización judicial para la práctica. Esta ley debe ser modificada en forma inmediata», reclamó Minieri.

#InjustaJusticia es una campaña regional que invita a reflexionar sobre los límites del derecho penal, el punitivismo y el proteccionismo como estrategias de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de adolescentes.

La iniciativa es coordinada por Resurj, Vecinas Feministas y Balance e impulsada en conjunto con Aireana, BECA, Casa Rara, ECAP, Intersecta, Las Ramonas, REDI, Surkuna y Tik Na’Oj, organizaciones feministas de toda la región.