Casa propia y con papeles en regla

El concejal socialista Manuel Sciutto presentó un proyecto destinado a titulares de inmuebles que necesiten regularizar tareas de registro, cuantificación y cualificación de sus propiedades. “La importancia de esta propuesta radica en que la escrituración permite ejercer plenos derechos sobre un inmueble, como vender, heredar, solicitar créditos o servicios, entre otros”, destacó.

La  iniciativa propone firmar un convenio entre el Servicio Público de la Vivienda, la provincia y regularizadores privados para garantizar ese trámite. Son alrededor de 60.000 las viviendas en Rosario que se encuentran sin regularizar su situación.

“En la ciudad hay un importante número de viviendas sin escriturar que sólo tienen el boleto de compra venta. Creemos que es fundamental resolver definitivamente cada una de esas situaciones”, consideró Sciutto. La falta de regularización de las viviendas impide a sus propietarios vender, obtener créditos, hipotecar, heredar o hasta acceder a  servicios. “Muchos vecinos terminan enganchados a la luz, o firmando convenios con las empresas, pero lo ideal es que se pueda acceder plenamente a los derechos”, sostuvo el concejal.

Concretamente, la propuesta consiste en la firma de un convenio de colaboración entre el  Servicio Público de la Vivienda (SPV), la Coordinación Ejecutora Provincial de Regularización Dominial –creada por el gobierno provincial– y regularizadores privados. “Es fundamental diseñar y producir regulaciones que doten de herramientas y mecanismos a través de los cuales todas y cada  una de las situaciones que impiden una tenencia segura de la propiedad”, justificó el concejal socialista.

Según el propio edil, es habitual recibir la inquietud de los vecinos por la imposibilidad de escriturar. “Existen barrios en cada distrito de la ciudad que no tienen escritura”, explicó. En este sentido, Sciutto advirtió que es difícil precisar cuántas son las viviendas que aún no han regularizado su situación, pero se estima que la cifra es similar al caso de las viviendas Fonavi, donde ya hay datos que señalan a unas 60 mil propiedades que no tienen regularizada su situación legal.

Otro de los motivos que provoca la falta de regularidad dominial es el crecimiento urbano no impulsado por el Estado, del que fue testigo la ciudad décadas atrás. Estos barrios, la mayoría construidos en los 70, fueron creados por inmobiliarias, pero de manera previa a la sanción de normativas que hacen más estrictas las urbanizaciones.

Para el edil socialista “es fundamental que el municipio asuma la defensa de los derechos de los ciudadanos, garantizando a las familias una vivienda digna, así como la propiedad del suelo y los servicios básicos urbanos”. De este modo se garantizaría una solución técnica, jurídica y legal para aquellas familias que no cuenten aún con la regulación dominial de sus propiedades de acuerdo a lo establecido en la ley nacional 24.374 y su modificatoria 26.493.