La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy la pretensión del Estado Nacional, al considerar que sería una "contradicción" hacerlo ante eventuales indemnizaciones que se vea afrontado a pagar por el reclamo civil.
En forma unánime los jueces de Casación desestimaron el planteo del Estado, que pretendía ser aceptado como parte querellante, al considerar que sería una «contradicción» hacerlo ante eventuales indemnizaciones que se vea afrontado a pagar por el reclamo civil de víctimas o familiares.
En la resolución, los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, tuvieron en cuenta además que en la causa están imputados exfuncionarios, tales como los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Para los jueces no está acreditado que el Estado, a través de la Secretaría de Transporte, haya sido víctima del hecho, y remarcó que el Estado ya se ve representado en la causa por el Ministerio Público Fiscal, con lo cual no hay necesidad de otro tipo de participación.
La decisión de aceptar como querellante al Estado Nacional había sido resuelta en primera instancia por el juez Claudio Bonadío, al considerar que el otorgarle ese rol «no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas».
La causa con 28 acusados, entre ellos Jaime, Schiavi; el empresario Claudio Cirigliano; directivos de TBA; los ex titulares de la CNRT Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero, y el motorman Marcos Antonio Córdoba están camino a juicio oral y público.
El Tribunal Oral Federal 2 es el que tiene el expediente y la realización del juicio a cargo y, si bien aún no fijó fecha de inicio, todo hace prever que será para la segunda mitad de este año o bien directamente en los primeros meses de 2014.
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