Casación ratificó las restricciones aplicadas en la detención de Alvarado en la cárcel de Ezeiza

La Cámara de Casación Penal convalidó este viernes las restricciones en las condiciones de detención del capo narco Esteban Lindor Alvarado tras su intento de fuga en helicóptero de la cárcel de Ezeiza, en marzo pasado, que contempla el alojamiento en una celda individual, el control estricto de las comunicaciones móviles y un monitoreo permanente de sus movimientos mediante cámaras de videovigilancia.

La medida fue dispuesta por los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci y Alejandro Walter Slokar, quienes declararon inadmisible un recurso de la defensa de Alvarado para que se revocaran esas restricciones que habían entrado en vigencia el 4 de abril pasado, un mes después del intento de fuga desbaratado por la Fiscalía federal y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

De esta manera, quedaron vigentes las medidas de restricción a la detención de Alvarado que el 4 de abril pasado había dispuesto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario.

Entre ellas, los jueces dispusieron que el capo narco: permanezca alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza «en una celda individual, y en caso de ello no ser posible, se lo reubique en otra sección del establecimiento cuyo control sea riguroso y estricto, y no mantenga contacto con otros internos procesados y/o condenados por delitos vinculados al narcotráfico o al crimen organizado».

También, que sea sometido a requisas sorpresivas, que se le prohíban las comunicaciones móviles, que se coloquen inhibidores de señal en el pabellón o módulo del penal donde se encuentre alojado, y que se monitoreen sus movimientos con cámaras de videovigilancia.

Los jueces pidieron además a las autoridades del SPF que elaboren una lista con nombre, apellido y teléfono de las personas con las cuales puede comunicarse Alvarado desde el teléfono fijo del pabellón, y que sólo pueda ser visitado por esas mismas personas que figuran en ese listado.

Según la pesquisa, el intento de fuga de uno de los capos narcos más importantes del país, líder de una compleja organización criminal enfrentada a Los Monos, de Ariel Máximo «Guille» Cantero en Rosario, comenzó a planificarse desde octubre del año pasado.

Los investigadores de la Policía Federal determinaron que junto a Alvarado iba a escapar Alan Elio Funes (del Clan Funes) y aún investigan si fueron asistidos por Claudio «Morocho» Mansilla y Facundo Nicolás «Macaco» Muñoz, este último condenado por el crimen de narcotráfico y absuelto en el juicio por el asesinato del Claudio «Pájaro» Cantero, quienes protagonizaron un incidente en ese momento en otro sector del complejo penitenciario federal.

En ese sentido, los pesquisas obtuvieron el dato a través de una persona que declaró como testigo de identidad reservada ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y, desde entonces, comenzaron a trabajar sobre el tema, con la colaboración de los fiscales de la Procunar, Diego Iglesias y su secretario Matías Álvarez, y la fiscal federal Cecilia Incardona.

Con la información obtenida, los detectives, que contaron con la colaboración de efectivos de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), accedieron al teléfono celular que utilizaba el capo narco dentro de su pabellón y, mediante un sofisticado programa tecnológico, «clonar» su chat de WhatsApp y el de su interlocutor.

En base a ese intercambio de mensajes de Alvarado con un hombre apodado Lobo, establecieron que existió un primer intento de rescate que se iba a llevar a cabo el viernes 3 de marzo a través de un helicóptero proveniente de la localidad entrerriana de Gualeguaychú, el cual descendería en el campo de deportes de la unidad. Ese operativo de rescate se frustró, porque ese día, tres jueces de jurisdicciones distintas ordenaron distintos allanamientos en la cárcel de Ezeiza y del penal de Rawson, en el marco de operativos ante la sospecha de que desde el penal se organizaban balaceras y delitos vinculados al narcomenudeo de parte de la banda de Los Monos.

Finalmente, el 10 de marzo, los efectivos de la División Drogas Peligrosas de la PFA desbarataron la maniobra alrededor de las 16 y detuvieron a tres sospechosos, como así también el secuestro del helicóptero. Sin embargo, el piloto de la aeronave, el hombre apodado Lobo, logró escapar y todavía permanece prófugo.

Alvarado fue procesado el 28 de marzo por el delito de “evasión en grado de tentativa” por el juez federal de La Plata que tiene a su cargo la causa, Ernesto Kreplak, y negó haber participado de los hechos. También fueron acusados por “facilitación de evasión y asociación ilícita” los otros dos sospechosos detenidos en el marco de la investigación, Andrés Donnet, quien dijo ser inocente y dio su versión de lo sucedido; y Gianluca Orpianesi, alias “Gringuito”, quien se negó a declarar.

Los pesquisas determinaron que el helicóptero había sido comprado en Paraguay hacía unos meses y sospechaban que fue adquirido por dinero obtenido por la venta de drogas.

Condenas del capo narco

El 3 de junio pasado, Alvarado, de 44 años, fue condenado a prisión perpetua la Justicia ordinaria santafesina que lo encontró penalmente responsable de liderar desde la cárcel una asociación ilícita dedicada a cometer en Rosario múltiples delitos que fueron desde el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, extorsiones, amenazas, balaceras a edificios judiciales, entre el 2012 y 2018, hasta lavado de activos a través de sociedades anónimas.

Esta pena fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Rosario y la única modificación que hizo fue la reducción de la multa impuesta que pasó de 300 millones de pesos a 150 por considerar que el delito de lavado de activos no era agravado sino simple.

A esta sentencia se suma la del 9 de junio de 2022 cuando el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario le dictó a Alvarado 15 años de prisión como organizador del transporte media tonelada de marihuana a la provincia de Río Negro en 2017. Además, junto a su ex pareja Rosa Capuano están procesados en el fuero federal por lavado de activos de origen delictivo.