La organización usaba una falsa cooperativa de trabajo para captar a sus víctimas, a quienes les pedían que descargaran una aplicación de una entidad financiera o que les brindaran información personal sensible. Unos 80 casildenses denunciaron que les sacaron préstamos a su nombre o robaron el dinero de sus cuentas
La crisis político-económica que atraviesa el país hace que se licuen cada vez más los ingresos de las personas, quienes se desesperan para sumar algún empleo o changa que pueda ayudar a llegar a fin de mes. Esta necesidad fue aprovechada por una banda de estafadores, los cuales usaron una falsa cooperativa de trabajo para sacar préstamos o vaciarles las cuentas bancarias a unos 80 habitantes de Casilda, ciudad cabecera del departamento Caseros. Los pesquisas no descartan que se sumen más denuncias.
La investigación se conoció esta semana luego de que un muchacho se acercara a los periodistas de Radio Casilda para consultarles sus inquietudes sobre los pedidos de datos personales que le hicieron unos supuestos empleadores.
Lo que trascendió hasta el momento a través de lo publicado por el portal de noticias Rosario Plus y Radio Casilda es que los estafadores tenían un inmueble donde atendían a sus víctimas y que no serían de esa ciudad, distante a unos 56 kilómetros de Rosario. El personal de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó ese domicilio, aunque por lo reciente de la pesquisa no fue informado si encontraron material de interés para la causa. Sí se conoció que no hubo detenidos.
Voceros judiciales indicaron que tras hacerse conocido el caso, unos 80 damnificados hicieron la denuncia por lo mismo en la sede de la Unidad Regional IV de Policía o en el Centro Territorial de Denuncias del municipio. Casilda es una ciudad de más de 35.000 por lo que a los investigadores les llegó que hay más casos y que podrían rondar unos 400.
El ardid de los estafadores era captar a sus víctimas con ofrecimientos de empleos para una supuesta cooperativa de trabajo. Los interesados se presentaban y no sólo les pedían datos personales sensibles como los biométricos o los relacionados a su cuenta bancaria sino también los hacían descargarse una aplicación de una entidad financiera. Las víctimas denunciaron que cuando se dieron cuenta les habían sacado préstamos a su nombre o vaciado sus cuentas.
El fiscal Juan Pablo Baños está al frente de la pesquisa y ordenó una serie de medidas a los uniformados de la PDI para recolectar indicios de cómo operaba la organización que ayuden a identificar a todos sus miembros.
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