La Cámara de Apelaciones revirtió una decisión anterior y dispuso la inmovilización de 1.300.000 dólares en criptoactivos a los sospechosos de integrar una banda vinculada al juego ilegal. De la investigación se desprende que "más de 35.000 transacciones fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 años"
El juez de segunda instancia, Sebastián Creus, ordenó un nuevo bloqueo e inmovilización de las cuentas y criptoactivos de siete sospechosos que están acusados de organizar una compleja estructura legal y financiera para la captación ilegal de apuestas en casinos online. Esta medida cautelar, que había sido inicialmente dictada en octubre del año pasado y posteriormente reducida en abril último, fue restituida en su totalidad por el camarista, congelando fondos que ascienden a aproximadamente 1.300.000 dólares.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue el encargado de apelar la decisión de primera instancia, y los fiscales Agustín Nigro y Carlos Arietti, quienes representaron al MPA en la audiencia de apelación en los tribunales de Santa Fe, expresaron su conformidad con el resultado.
Las personas investigadas son dos ciudadanos brasileños y cinco argentinos -tres hombres y dos mujeres-, para quienes la Fiscalía adelantó que solicitará penas de prisión de cumplimiento efectivo y multas.
Están imputados haber utilizado sociedades comerciales extranjeras y los servicios de una entidad bancaria nacional para obtener rédito de pronósticos deportivos no autorizados.
La acusación formal fue presentada en mayo, y se espera que la audiencia preliminar se lleve a cabo en agosto, con fecha a confirmar.
Entre los imputados se encuentran dos ciudadanos brasileños, de 52 y 35 años, identificados con las iniciales CMJC y CEFR, respectivamente. Para cada uno de ellos, el MPA solicitará penas de cinco años y seis meses de prisión.
Los otros cinco acusados son de nacionalidad argentina: una mujer, de 39 años; (NSS), un hombre, de 46, (ASA) y un hombre, de 28, (SC), para quienes pedirán penas de cuatro años y seis meses de prisión.
Las dos personas restantes son una mujer, de 36, (JGDLP) y un hombre, de 63, (AG), con una solicitud de pena de cuatro años de prisión para cada uno.
El fiscal Nigro detalló que a todos los acusados se les imputa la coautoría del delito de «organización de un sistema de captación de apuestas no autorizadas». Explicó que las diferencias en las penas propuestas se deben a las particularidades de los ilícitos y el grado de participación de cada implicado.
Nigro subrayó, a su vez, el «considerable impacto económico de la actividad delictiva», destacando que «los acusados desviaron dinero del circuito legal, en desmedro de las regulaciones fiscales y de control de juego».
Por ello, el MPA solicitará las multas máximas previstas en el Código Penal.
La investigación de este caso se enmarca en los objetivos priorizados del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General, dado que una parte significativa de los usuarios de esta red ilegal de apuestas online eran niños, niñas y adolescentes.
El fiscal indicó que, «al menos entre abril de 2023 y octubre del año pasado, los siete acusados organizaron, operaron y administraron un sistema de captación de apuestas provenientes de juegos de azar online vinculados a pronósticos deportivos».
En este contexto, informó que individualizaron y bloquearon 385 sitios web (entre dominios y subdominios) por orden judicial.
«Los integrantes del grupo utilizaron la estructura jurídica de dos sociedades comerciales extranjeras y la infraestructura financiera que ellas habían contratado a una entidad bancaria nacional», detalló Nigro, precisando que los dos hombres brasileños eran los líderes de las compañías utilizadas como «paraguas» para las operaciones ilícitas.
En cuanto al perfil de los apostadores, el representante del MPA reveló un dato alarmante: «más de 35.000 transacciones fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 años, lo cual implica un 23 por ciento del total». Asimismo, informó que «la edad promedio de los usuarios de las plataformas era de 24 años».
La investigación se inició en mayo del año pasado, a raíz de una presentación conjunta ante el MPA por parte del ministro de Educación, José Goity; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Acción Social, Daniel Di Lena.
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