La pericia descartó la versión oficial y complica al agente Guerrero, citado a indagatoria el 17 de septiembre
El disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo no fue un accidente ni un error en la aplicación de los manuales. Así lo determinó el informe balístico elaborado por la Policía de la Ciudad incorporado a la causa judicial. El análisis concluyó que el gendarme Héctor Guerrero incumplió los protocolos de uso del arma lanzagases.
La pericia descartó que el disparo hubiera sido realizado en el ángulo permitido –45 grados hacia arriba o entre 30 y 45 hacia abajo– y confirmó que el cartucho fue lanzado de manera irregular, impactando en Grillo durante el operativo represivo. La reconstrucción, realizada el 11 de agosto por la División Balística de la Policía de la Ciudad con participación de peritos de todas las partes, marcó un giro en la investigación.
El informe fue categórico: si se hubiese respetado el protocolo, el proyectil jamás habría alcanzado a Grillo, que ese día registraba con su cámara la represión ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La causa judicial avanza. El gendarme Héctor Guerrero fue citado a declaración indagatoria por la jueza María Servini para el próximo 17 de septiembre.
En paralelo, Pablo Grillo permanece internado tras haberse sometido a múltiples cirugías. Sobre su evolución médica, su padre, Fabián Grillo, contó a Página 12: “Estamos esperando un nuevo informe de los neurocirujanos. Hoy estaba clínicamente estable, pero en la última tomografía se detectó una pequeña expansión. Mañana tendremos más precisiones con los resultados de los estudios”.
El 12 de marzo, la represión frente al Congreso incluyó un amplio despliegue de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura y Policía de la Ciudad. La violencia escaló rápidamente. Más de cien personas fueron detenidas y otro centenar resultaron heridas. El operativo contó además con personal de civil y vehículos tanto identificados como no identificados.
El operativo se amparó en la resolución 943/23, conocida como “Protocolo antipiquetes”. Con ella, Bullrich habilitó la dispersión de manifestaciones que interrumpan el tránsito y otorgó a las fuerzas facultades para recolectar información destinada a criminalizar y estigmatizar a referentes sociales, sindicales y políticos. Desde su aplicación en diciembre de 2023, organismos de derechos humanos advirtieron que se trata de un protocolo inconstitucional.
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