La Justicia Federal dio un nuevo paso en una de las investigaciones por corrupción tributaria más resonantes de los últimos años. El juez federal subrogante Aldo Alurralde procesó a once personas, entre ellas exfuncionarios de la ex AFIP, empresarios, un abogado y un escribano, acusados de integrar una maniobra destinada a reducir irregularmente obligaciones fiscales a cambio del pago de sobornos
La causa tiene como eje la confesión del exdirector regional de la AFIP Santa Fe, Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado colaborador y aportó detalles sobre el funcionamiento de la presunta red que operaba dentro del organismo recaudador.
Según la resolución judicial, funcionarios de la entonces AFIP, actual ARCA, habrían intervenido para favorecer a la firma Ricardo Mallozzi S.A. durante una fiscalización vinculada a deudas tributarias correspondientes a los períodos 2013, 2014 y 2015.
La investigación sostiene que el abogado Pedro Roberto Gómez actuó como nexo entre los directivos de la empresa y los funcionarios Carlos Vaudagna y Marcelo Germán Bulacio, quien se desempeñaba como supervisor de Fiscalización.
El objetivo habría sido acordar un ajuste impositivo menor al que legalmente correspondía. Como contraprestación, se habría abonado una suma cercana a los 7.000 dólares, monto que fue reconocido por el propio Vaudagna en el marco de su declaración judicial.
Uno de los elementos centrales de la causa son los mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono celular del exfuncionario. En esas conversaciones, según surge del expediente, los involucrados discutían alternativas para disminuir la carga tributaria de la empresa y hasta analizaban cómo distribuir el dinero proveniente del presunto soborno.
La investigación también detectó una maniobra destinada a justificar fondos cuyo origen estaba siendo cuestionado por el organismo fiscal.
Para ello se habría confeccionado un contrato de compraventa y cesión de derechos fechado en enero de 2013. Sin embargo, las pericias y demás elementos reunidos durante la investigación permitieron concluir que el documento fue elaborado en 2017 y luego antedatado para aparentar una operación anterior.
Por este hecho fueron procesados el presidente de la firma, Ricardo Humberto Mallozzi, junto a otros integrantes de su familia que participaron de la documentación presentada.
También fue alcanzado por la medida judicial Federico Raúl Ingaramo, quien figuraba como comprador del inmueble involucrado en la operación pese a que, según la investigación, no contaba con capacidad económica suficiente para concretar una transacción de esas características en la fecha consignada.
Entre los procesados también aparece el escribano Javier Ignacio Trucco, acusado de certificar irregularmente las firmas vinculadas al contrato.
La resolución señala inconsistencias en la correlatividad de su protocolo notarial y la ausencia de firmas consideradas esenciales dentro de la documentación analizada, elementos que para la Justicia refuerzan la hipótesis de una falsificación destinada a respaldar la maniobra.
El juez Alurralde dispuso diferentes imputaciones según la participación de cada uno de los acusados.
Carlos Andrés Vaudagna y Marcelo Germán Bulacio fueron procesados por los delitos de administración fraudulenta, cohecho pasivo y abuso de autoridad. En el caso de Bulacio también se agregó la figura de prevaricato.
Por su parte, el abogado Pedro Roberto Gómez y el empresario Ricardo Humberto Mallozzi fueron procesados por cohecho activo, mientras que a Mallozzi también se le atribuyó el delito de falsedad ideológica.
En tanto, Susana Beatriz Palacin, Antonio Alberto Mallozzi, María Marta Ahumada, Ramón Carlos Mallozzi, Desireé Elizabeth Di Giorgio, Federico Raúl Ingaramo y el escribano Javier Ignacio Trucco fueron procesados por falsedad ideológica.
Si bien ninguno de los imputados quedó detenido y todos continuarán el proceso en libertad, el magistrado ordenó trabar embargos preventivos por 20 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados.
En la resolución, el juez fundamentó la medida en la gravedad institucional de los hechos investigados y en el perjuicio económico que las maniobras habrían ocasionado al Estado nacional.
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