La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 2 que disponga medidas restrictivas para cinco de los seis imputados en la causa Díaz Bessone, quienes aguardan en libertad el reinicio del juicio oral, previsto para el 7 de febrero próximo.
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2) que disponga medidas restrictivas para cinco de los seis imputados en la causa Díaz Bessone, quienes aguardan en libertad el reinicio del juicio oral, previsto para el 7 de febrero próximo.
«Estamos muy preocupados», dijo hoy a Télam el titular del Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes, Daniel Boccoli.
El funcionario explicó que el 30 de diciembre el programa recibió una notificación del TOF2, que señala que los imputados en la causa sólo deberán presentarse a la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria para su control solo una vez por semana durante el mes de enero.
«A nuestro juicio tienen que fijarse más controles o ser más estrictos», apuntó Boccoli, y agregó que a su entender «la medida ex muy laxa».
La medida establecida por el TOF2 dispone que los imputados José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Chimicky, quienes están en libertad mientras se tramita el juicio oral, se presenten al ex Patronato de Liberados una vez al mes para registrar que están en la ciudad.
El juicio por la causa Díaz Bessone se inició el 21 de julio del año pasado, y ya declararon los imputados y unos 40 testigos hasta fines de diciembre.
Por la feria judicial, las audiencias volverán a realizarse el 7 de febrero próximo en los tribunales federales de Rosario.
«Estamos muy preocupados, causa mucha inquietud en los testigos que están incorporados al programa», dijo Boccoli, quien informó que el mismo 30 de diciembre la Secretaría de Derechos Humanos respondió la notificación con un escrito reclamando «medidas restrictivas».
El fundamento de la presentación «es garantizar la seguridad y los derechos de los testigos y querellantes».
El escrito señala que la decisión del tribunal «ha provocado un estado creciente de inquietud entre los testigos-víctimas, muchos de los cuales han ingresado a nuestro Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes».
Y agrega que «esta nueva situación puede afectar su seguridad y su integridad física y psíquica, impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente su declaración testimonial durante el desarrollo del juicio».
La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe citó en el escrito un reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación, del 28 de diciembre pasado, que en la causa por delitos de lesa humanidad caratulada «Morales, Domingo» ordena revocar la excarcelación por las características personales del imputado y las circunstancias de los hechos juzgados.
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