El Tribunal Oral Federal 2 informó que las audiencias cesarán el lunes y se continuarán el 27 de septiembre ya que uno de los represores debe someterse a una operación.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que lleva adelante la causa Díaz Bessone por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, informó que el lunes quedarán suspendidas por una semana las audiencias del juicio oral y público contra cinco represores al tener que someterse a una operación uno de ellos, el ex policía José Carlos Scortechini.
Esta semana la secretaría del TOF2 concluyó con la lectura de las requisitorias de elevación a juicio presentadas por las querellas y la fiscalía, tarea que consumió las primeras doce audiencias realizadas desde que se inició el juicio oral.
Allí se leyeron las acusaciones contra los cinco procesados que tiene la causa, que ventila los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante el año 1976 en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones de la policía rosarina, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo.
En tanto, ayer se inició la etapa denominada de «cuestiones preliminares», en la que los abogados representantes de las querellas y los defensores de los imputados discuten posibles nulidades y otros temas que deben resolverse antes del comienzo de las indagatorias y las testimoniales.
Según informaron fuentes judiciales, el lunes próximo se realizará una audiencia, luego de la cual el juicio se suspenderá por una semana (hasta el 27 de este mes) ante la operación a la que debe someterse Scortechini.
Los cinco acusados en esta causa son el ex comandante del II Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario, general (R) Genaro Díaz Bessone, los ex policías Scortechini, José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara y Mario Alfredo Marecote, y el civil Ricardo Miguel Chomicky.
Todos están acusados de asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad y tomentos sobre más de 90 víctimas, mientras que sobre Lo Fiego y Díaz Bessone también pesa un procesamiento por 17 homicidios que tuvieron como marco la represión ilegal del Estado durante la última dictadura cívico-militar.
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