La mitad de los doce represores acusados de la denominada causa Guerrieri II, que tramita ante el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, ampliaron hoy sus declaraciones con acusaciones cruzadas entre ellos, con lo que finalizó esta etapa del proceso oral.
Seis de los doce represores acusados en el juicio por delitos de lesa humanidad de la denominada causa Guerrieri II, que tramita ante el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, ampliaron hoy sus indagatorias con acusaciones cruzadas entre ellos, con lo que finalizó esta etapa del proceso oral.
El Tribunal integrado por los jueces entrerrianos Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros dispuso que el imputado Eduardo `Tucu` Costanzo participe de una inspección ocular al ex centro clandestino de detenciones La Calamita, uno de los cinco del circuito represivo investigado en este juicio oral.
En tanto, la semana próxima podrían comenzar los alegatos de las querellas y la fiscalía, por lo que el proceso oral ingresaría en su etapa final, informaron fuentes judiciales.
En la audiencia de hoy ampliaron sus declaraciones indagatorias los imputados Joaquín Gurrera, Carlos Sfulcini, Juan Andrés Cabrera, Walter Pagano, Jorge Fariña y Costanzo.
Los cinco primeros hicieron uso de su derecho a volver a declarar para desmentir acusaciones que reralizó contra ellos Costanzo, ex Personal Civil de Inteligencia (PCI), en la audiencia de ayer, cuando los involucró en secuestros y homicidios que se investigan en este juicio.
Aunque nunca se arrepintió de los delitos que se le imputan, Costanzo, que brindó detalles de la represión ilegal durante la última dictadura y cooperó en el hallazgo de restos de desaparecidos, reafirmó ahora las acusaciones contra sus ex camaradas del Batallón 121 de Inteligencia de Rosario.
Además de los mencionados, en el juicio oral que se inició el 9 de agosto están también imputados por crímenes de lesa humanidad Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel Porra, Ariel López y Alberto Pelliza.
El fiscal Gonzalo Stara y las querellas particulares los acusan por privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y 14 homicidios cometidos durante la dictadura en la órbita del circuito represivo a cargo del Batallón de Inteligencia 121.
Esa dependencia del Ejército tuvo bajo su mando cinco centros clandestinos de detención: Quinta de Funes, Escuela Magnasco, Fábrica Militar de Armas «Domingo Matheu», La Intermedia y La Calamita.
En la causa se investigan los casos de 27 víctimas del terrorismo de Estado.
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