El requerimiento de elevación a juicio oral alcanza también a su esposa y a sus dos hijos. El perjuicio económico estimado supera los 9,8 millones de dólares y la investigación continúa abierta por posibles maniobras de lavado
La causa judicial por una de las mayores estafas financieras en la historia reciente de Rosario dio un paso decisivo. El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, presentó formalmente el requerimiento de elevación a juicio oral contra el financista Luis Herrera, para quien solicitó una pena de 13 años de prisión efectiva.
La acusación no se limita al titular de la firma: el pedido de pena alcanza a su núcleo familiar, señalado como parte de una estructura delictiva organizada. Para sus hijos, Ignacio y Diego Herrera, el fiscal pidió 9 años de prisión, mientras que para su esposa, Marcela Beatriz Fernández, solicitó una condena de 5 años. En todos los casos, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) exigió la inhabilitación por 10 años para ejercer el comercio y actuar en el mercado de capitales.
Según la investigación, los acusados montaron una asociación ilícita que se valió del prestigio de la firma Fernández Soljan S.A. (habilitada como Agente de Liquidación y Compensación – ALyC) para captar ahorros de cientos de inversores.
El engaño principal consistía en asegurar que los fondos serían invertidos en el Chicago Board of Trade. Sin embargo, la fiscalía sostiene que los activos eran desviados para otros fines o integrados en un sistema de características piramidales. Para sostener la maniobra y evitar reclamos, la organización generaba:
Resúmenes falsos de cuenta.
Liquidaciones periódicas ficticias enviadas por correos institucionales.
Documentación simulada que aparentaba operaciones reales en mercados internacionales.
Aunque el universo total de damnificados superaría los 460 casos, este tramo de la acusación se centra en una plataforma de 128 hechos (vinculados a cuentas comitentes y estafas directas) que el fiscal considera «autosuficiente» para ir a debate oral.
El daño patrimonial detallado en el escrito es extraordinario: más de 9,8 millones de dólares, además de sumas en euros y pesos. Por esta magnitud y la modalidad de ejecución —utilizando oficinas formales y personal administrativo— el MPA calificó el caso como de «gravedad excepcional».
El proceso llega a esta instancia luego de que en diciembre pasado el fiscal regional, Matías Merlo, rechazara un intento de juicio abreviado. Aquel acuerdo había generado un fuerte malestar entre los querellantes, quienes consideraban que las penas y la reparación económica propuesta eran insuficientes.
A esto se sumó un reciente cimbronazo en la estrategia de los imputados: la renuncia de la totalidad de sus abogados defensores, lo que obligó a una reconfiguración técnica en un momento crítico del expediente.
Mientras la investigación por lavado de activos continúa abierta a la espera de respuestas a exhortos internacionales, Luis Herrera y sus hijos permanecen detenidos, aguardando la fecha de un juicio que promete marcar un precedente en la justicia penal económica de la región.
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