Este jueves al mediodía, en la causa a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas y los magistrados Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez, integrantes del Tribunal Oral Federal N°2, condenaron a cuatro represores a la pena de prisión perpetua. Los sentenciados en la conocida como causa Klotzman son Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López.
Fariña es retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y ya ha sido juzgado por crímenes de lesa humanidad; los demás son ex agentes de la Policía Federal Argentina delegación Rosario y es la primera vez que afrontan un juicio de este tipo. Todos se encontraban en prisión preventiva en modalidad de detención domiciliaria y seguirán detenidos en la misma modalidad.
La lectura de la sentencia se dio en los Tribunales Federales ubicados por bulevar Oroño al 900. La pandemia impidió, nuevamente, grandes concentraciones por lo que sólo algunos integrantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas se congregaron afuera del tribunal. En mayo de 2020 había sido la sentencia de la tercera y cuarta elevación de la megacausa Feced en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Las penas anunciadas son las mismas que había solicitado la Fiscalía en la etapa de alegatos. La lectura de los fundamentos de la sentencia será el viernes 17 de septiembre a las 20.
Daniel Guibes, el sobreviviente que declaró 44 años después: “Haber roto con el miedo me liberó”
La causa, que se elevó a juicio en 2015, investigó por primera vez los crímenes cometidos en la Quinta de Fisherton (San José de Calazans 9100) que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Esta elevación investigó los crímenes que se cometieron contra 29 víctimas, de las cuales solo hay dos sobrevivientes: Fernando Brarda, que pasó décadas denunciando la existencia de este CCD; y la nieta -hija de la pareja Cecilia Barral y Ricardo Klotzman- cuya identidad fue restituida en 2011. Diecisiete víctimas continúan desaparecidas, cuatro fueron restituidas y seis fueron asesinadas.
Además hay un sobreviviente que se dio a conocer en 2016 y su caso no llegó a elevarse en esta oportunidad aunque llegó a declarar en noviembre de 2020. Salvo los sobrevivientes, las demás víctimas eran militantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo).
Es la primera vez que se investigó un caso de apropiación y robo de identidad en la ciudad. Para Abuelas de Plaza de Mayo Rosario era un juicio especialmente importante por esto y porque además hubo otras tres mujeres embarazadas al momento de su secuestro: Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi. Las tres fueron llevadas con vida desde sus domicilios, sin embargo durante el transcurso del juicio no se obtuvieron más precisiones sobre el nacimiento o no de sus hijos o hijas.
Sobre esto, Santiago Bereciartua, integrante de la querella de Abuelas en la ciudad, manifestó a El Ciudadano que los condenados no aportaron ningún dato a lo largo del juicio. Cumplen a rajatabla su pacto de silencio.
Sin embargo, el abogado expresó que desde el organismo se sienten satisfechos porque el Tribunal «receptó y dio por probada la responsabilidad de Fariña en la apropiación y robo de identidad de la nieta recuperada».
«Entre el miedo y la cobardía, elegimos el miedo y salimos a buscarlo»
El tribunal calificó a los delitos investigados como de lesa humanidad. Los mismos son homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años.
Por su parte, Gabriela Durruty, integrante de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -Apdh- también expresó a este medio su alegría por la condena obtenida: «Esta sentencia, como todas, es una fiesta en Rosario, donde aprendimos desde 2009 a demostrar en la calle que los juicios son de todos o no son». Se refirió al inicio del primer juicio de lesa humanidad en la ciudad luego de que se retomaran estas causas en el país tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
Además destacó que «se hizo lugar a las penas pedidas». Subrayó que es la primera vez que se condenan a policías federales en Rosario por este tipo de crímenes «demostrando este accionar de las fuerzas conjuntas que se venía planteando en todos los juicios pero es la primera vez que va mas allá de los integrantes de las tres fuerzas armadas».
«Como ocurre con todas las sentencias se demostró que los hechos ocurrieron tal como los relataron los sobrevivientes y familiares y eso es indiscutible a partir de la certeza necesaria para tener una condena de sentencia penal», sintetizó.
La causa se conoce popularmente como Klotzman por el apellido del primer secuestrado en una serie de «operativos conjuntos» del Ejército y la Policía Federal. Había iniciado su juicio en septiembre de 2020 luego de ser suspendido en tres oportunidades. Durante esas demoras fallecieron tres genocidas vinculados a la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib. A esto se refieren los organismos de derechos humanos cuando hablan de impunidad biológica.
Las víctimas son: Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman, la nieta recuperada hija del matrimonio Klotzman-Barral, Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, María Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.
