Cayó Martínez de Hoz

El ex ministro de Economía de la última dictadura militar José Alfredo Antonio Martínez de Hoz fue detenido ayer tras la declaración de inconstitucionalidad del indulto que lo benefició durante dos décadas,  acusado de haber colaborado en la comisión de delitos de lesa humanidad, pero por razones de salud lo trasladaron a una clínica en vez de a la cárcel.

La detención fue ordenada por el juez federal Norberto Oyarbide tras haber sido solicitada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, ocurrido en noviembre de 1976.

El magistrado ordenó la prisión preventiva del ex ministro –en razón de que ya fue indagado en esta causa, que se tramita bajo el viejo Código Procesal Penal– y le trabó un embargo de dos millones de pesos, pero fue alojado en la Clínica de Los Arcos en el barrio porteño de Palermo.

En una camilla, cubierto con una frazada a cuadros, y acompañado por efectivos policiales y enfermeros, el ex funcionario fue retirado de su casa, ubicada en el edificio Kavanagh, en la zona de Retiro.

El arresto tuvo lugar pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el indulto que había favorecido a Martínez de Hoz, al dictador Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior Albano Eduardo Harguindeguy.

Federico Gutheim y su hijo Miguel fueron detenidos el 5 de noviembre de 1976 por decreto 2840/76, estuvieron presos hasta el 6 de abril de 1977 con el objetivo –según consta en el expediente– de obligar a los empresarios titulares de una compañía productora de algodón (Sadeco SA), a cerrar una exportación a Hong Kong, lo cual iba a garantizar a Martínez de Hoz sellar un crédito con esa colonia.

Para el juez Oyarbide “se ha documentado” esa extorsión emprendida por Martínez de Hoz, según la resolución. Incluso, en ese sentido se realizaron cuatro reuniones en la Capital Federal entre los Gutheim –mientras estaban cautivos– y representantes de las firmas importadoras de Hong Kong, y en la cual “consta la presencia de funcionarios de la Secretaría de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, por disposición del propio ministro Martínez de Hoz”.

“Resultaba a todas luces evidente, la ilegal detención de los señores Gutheim padre e hijo; y con toda seguridad, existían vías verdaderamente legales de reencauce de la relación comercial particularmente establecida por Sadeco SA con los importadores extranjeros”, sostuvo Oyarbide.

El juez dijo que lo “inexplicable” de las conductas de Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy, es que “sólo admiten respuesta en la estructuración, consensuada y debidamente direccionada, de un proceder extorsivo sobre Federico Gutheim y su hijo”.

“No podrá, bajo ningún aspecto, considerarse a José Alfredo Martínez de Hoz, ajeno a los hechos así reputados, sino más bien y por el contrario, lo habré de tener como el principal responsable de los hechos que semiplenamente se encuentran acreditados”, añadió el magistrado.

El juez consideró al hecho como un delito de “lesa humanidad”, y remarcó que “no parece desatinado señalar que quien es hallado responsable de la perpetración de gravísimos hechos contra la libertad de dos personas es evidente la escasa significación que tan preciado bien jurídico representó para el agente ante la eventualidad de delinquir o no”.

Por esto consideró que existe el riesgo de que Martínez de Hoz pueda fugarse o bien entorpecer la investigación.

Oyarbide consideró que hubo un “irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional”, una “absoluta desatención a las esenciales garantías ciudadanas” y “el avasallamiento de todo principio constitucional”.

En 1988, en la causa “Videla”, la Cámara Federal porteña había confirmado la prisión preventiva dictada a favor del ex presidente de facto y Harguindeguy, y luego la investigación abarcó al ex ministro Martínez de Hoz. Todos ellos fueron favorecidos por los indultos firmados por el entonces presidente Carlos Menem, tras lo cual el Juzgado Federal Nº 5 declaró extinguida la acción, y dictó sobreseimientos.