La fiscalía impulsó un acuerdo de reparación como medida alternativa de solución del conflicto penal. El hecho ocurrió en junio pasado en la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento de Anta de la provincia de Salta. Los guardaparques lograron rescatar al ejemplar, que había sido acorralado y mordido por tres perros de caza en un área protegida
A instancias de la Unidad Fiscal Salta, dos cazadores acordaron solventar la reposición de un sector del alambrado de la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento salteño de Anta, como medida alternativa para resolver el conflicto penal iniciado tras el ataque de sus perros a un oso hormiguero.
El acuerdo de reparación, homologado el viernes pasado por el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, fue presentado por el fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Carolina Jorge, del Área de Casos Sencillos de la mencionada unidad fiscal.
En la audiencia ante el magistrado, la fiscalía explicó que las actuaciones se iniciaron a partir de un hecho ocurrido el 21 de junio pasado, entre los lotes 3 y 7 de la reserva, un área protegida en la que se encuentra vedada la caza y la depredación de fauna.
Durante un patrullaje habitual, los guardaparques Abraham Rojas, Jairo Palma y Soledad Rojas escucharon ladridos de perros y siguieron sus rastros hasta advertir que los animales entraban y salían del monte.
Al acercarse, encontraron a tres perros de caza que habían acorralado a un oso hormiguero de la especie myrmecophaga tridactyla (conocido también como oso hormiguero gigante o yurumí), que presentaba heridas provocadas por mordeduras. Los guardaparques lograron poner a los canes a distancia y al animal protegido a resguardo.
Poco después, localizaron a los propietarios de los perros, que se encontraban en las inmediaciones. Una vez controlada la situación, el ejemplar, de especial importancia para la conservación de la biodiversidad, se recuperó y se internó nuevamente en el monte.
A partir del hecho, la fiscalía inició actuaciones por infracción a la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. En particular, la imputación se sustentó en el artículo 25 de esa norma, que establece una pena de dos meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de hasta cinco años para quien “cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.
La auxiliar fiscal explicó que los implicados —que son padre e hijo— habían ingresado ilegalmente a la reserva con fines de caza y que, por ese motivo, se formalizó la imputación penal en su contra.
Durante la audiencia, sin embargo, la fiscalía informó que las partes habían arribado a una solución del conflicto mediante un acuerdo de reparación.
En ese marco, los imputados se comprometieron a solventar la compra de los materiales necesarios para reponer un tramo del alambrado de la reserva, una necesidad que había sido informada por su intendente, Néstor Walter Sucunza.
La fiscalía solicitó además que, al momento de homologar el acuerdo, el magistrado dejara constancia de que los fondos aportados serían destinados a la Reserva Nacional Pizarro.
El juez consultó a los imputados sobre los términos del acuerdo. Ambos manifestaron su conformidad, al igual que su defensa. En consecuencia, el magistrado homologó la reparación acordada y les advirtió sobre las consecuencias de reincidir en una conducta ilícita.
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