El caso contra el consultor político Fernando Cerimedo suma un nuevo capítulo de irregularidades y sospechas que apuntan a la complicidad estatal. Nadia Beller, su ex pareja y víctima del intento de femicidio que dio origen a las causas penales en Bolivia, denunció públicamente que Cerimedo cuenta con un dispositivo móvil propio e inaccesible al control del Régimen Penitenciario dentro del penal de máxima seguridad de Chonchocoro. A través de la red de mensajería encriptada Telegram, el detenido estaría manteniendo contacto con el exterior, organizando acciones operativas y realizando movimientos de fondos desde el interior de la prisión.
La trama judicial comenzó con el intento de asesinato de Beller, un hecho que derivó en una profusa recolección de pruebas, entre las que figuraban chats e intercambios internos que evidenciaban la contratación de sicarios —dos ciudadanos colombianos posteriormente localizados tras dejar un reguero de pistas—. Tras su captura cuando intentaba abandonar el territorio boliviano, a Cerimedo se le abrieron cuatro causas penales: por la tentativa de femicidio, por episodios previos de violencia contra Beller, por enriquecimiento ilícito y por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, el curso de las investigaciones sufrió un vuelco decisivo tras la irrupción de la oficina de la DEA y de Estados Unidos. La difusión de un video donde un capo narcotraficante uruguayo, arrestado en suelo estadounidense, afirmaba ser amigo del entonces fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, sirvió como detonante para un inédito operativo político-judicial. Sin orden de un magistrado ni expediente penal previo, el Ejecutivo boliviano procedió a la detención de Mariaca junto a todo el equipo de fiscalías, comisarios y funcionarios encargados del juzgamiento de Cerimedo. La purga desmanteló por completo la estructura acusadora, paralizó los procesos y devolvió la tranquilidad al consultor, quien desde entonces aguarda confiado su pronta liberación.
En este escenario de parálisis, Beller alertó sobre la reaparición de la línea de Cerimedo en redes sociales. La denuncia surgió luego de que un periodista le advirtiera durante una entrevista radial sobre la actividad del detenido en Telegram. Según detalló Beller en sus redes, la cuenta aparece asociada exactamente al mismo número de celular argentino que fue incautado por las autoridades policiales para su correspondiente peritaje e informe forense. La reactivación de ese usuario demuestra que el consultor utiliza dicho número desde otro terminal en Chonchocoro o que la propia Fiscalía, bajo el mando de la nueva gestión interina, le devolvió de forma irregular el material secuestrado.
Frente a la versión oficial del penal —que adujo haber interceptado a otro interno que intentaba ingresar clandestinamente un teléfono supuestamente destinado a Cerimedo—, Beller cuestionó que el episodio haya sido configurado como una «cortina de humo» para encubrir la existencia previa de un celular en manos del acusado. El uso del teléfono reviste una gravedad particular no solo por el contacto que el detenido mantendría con los sicarios involucrados en la producción de videos para desvirtuar las imputaciones, sino también por el impacto financiero. Semanas atrás, el senador Leonardo Roca advirtió que la cold wallet asociada al patrimonio de Cerimedo continuaba registrando transacciones, lo que confirmaría que el consultor opera fondos y gestiona recursos financieros desde su celda.
Con un Ministerio Público reestructurado bajo la conducción de José Urioste —nombrado en reemplazo de Mariaca tras los cuestionamientos del oficialismo encabezado por Rodrigo Paz—, Beller puso en duda cualquier tipo de preservación de la cadena de custodia y la independencia de la investigación. «Estamos hablando de acceso a comunicaciones y operaciones financieras mientras se encuentra privado de libertad. ¿Quién le proporcionó ese dispositivo? ¿Quién lo está ayudando?», remarcó la expareja del consultor, señalando una red de influencias e injerencias que parece extenderse muy por encima de los muros de la cárcel de Chonchocoro.
