En la mañana de ayer, la dirigencia auriazul y los integrantes del arco opositor se reunieron en fiscalía de estado. Y lo hicieron en la búsqueda de un acuerdo para ponerle fecha a las próximas elecciones del club. Pero como venía sucediendo hasta ahora, no hubo consenso. Mientras el actual gobierno Canalla entiende que el acto eleccionario debe realizarse en diciembre del año que viene; los opositores sostienen que la fecha de la compulsa electoral debe ser el próximo 1º de junio.
Ante la falta de entendimiento de las partes, y siendo esta la última reunión para buscar un consenso al respecto, será fiscalía de estado la que dé su opinión sobre el tema. Esto sucedería recién en febrero próximo. Y el encargado de la cuestión será el inspector general de personas jurídicas, el abogado Ricardo Silberstein,
De todos modos, según averiguó El Hincha, lo que decida fiscalía de estado, no será determinante. Es que, cuando se expida al respecto sobre la fecha en la que deberían realizarse las próximas elecciones en Central, cualquiera de las partes en disputa podrá elevar su reclamo en una instancia superior.
El oficialismo ayer estuvo representado en fiscalía de estado por sus dos vicepresidentes, Julio Colabianchi y Rubén Fernández; y por el protesorero del club, Miguel San Martín. Los representantes del actual gobierno sostienen que las próximas elecciones deberían darse a fines del 2014. Y su postura estaría avalada por el estatuto. Es que la actual comisión directiva asumió la conducción del club unos meses antes de que finalizara el período del gobierno anterior, que quedó acéfalo tras la abrupta salida de Horacio Usandizaga y los su-yos, una vez consumado el descenso de Central.
Speciale y compañía sustentan su pedido, especialmente, en el artículo 36 del Estatuto del club. Allí se estipula que “si una comisión directiva se va antes, pero cumpliendo más del 50 por ciento de su mandato, la que le sigue debe cumplir ese tiempo, más sus cuatro años al frente del club”. Y el Vasco Usandizaga renunció cuatro meses antes de la finalización de su mandato. Pero además, los actuales directivos, consideran “imprudente” la realización de una campaña electoral “en medio de un torneo en el que el equipo se va a jugar la permanencia en la categoría”.
La oposición, en tanto, ha unificado su postura para que el acto eleccionario se lleve a cabo el 1º de junio próximo.
Las agrupaciones que componen hoy el arco opositor, consideran que, en caso de ganar las elecciones, sería conveniente asumir en junio. De esta manera, contarían con el tiempo suficiente para el armado del equipo para la temporada 2014/15. Pero sobre todo argumentan que hubo un acta que se firmó en 2010, en el que se había dado por finalizado el mandato de la gestión de Usandizaga. Por consiguiente, que el período de la actual dirigencia vence el 4 de julio.
Detrás de esta propuesta aparecen seis agrupaciones, que también estuvieron representadas ayer en fiscalía de estado: Luciano Cefaratti, por el CRECE; Ricardo Carloni, por Socios e Hinchas Independientes; Perico Pérez, por Central Gigante; Andrés Cánepa, por la Agrupación 1889; Jorge Baio, de Renovación Canalla; y Martín Lucero, de Marcca.
Ahora, cada parte jugó sus cartas. Y será Ricardo Silberstein quien, en febrero próximo, dé su parecer sobre el tema de la fecha en la que se realizarán las elecciones en Central.
Desde la oposición, aseguran que acatarán la postura que tome al respecto fiscalía de estado. Pero en la vereda de enfrente no estarían dispuestos a aceptar otra fecha que la propuesta, la de diciembre de 2014. Por lo que existiría la intención de los actuales gobernantes de que, en caso de que la opinión de fiscalía avale la postura opositora, se eleve un reclamo ante una instancia superior.
El año canalla todavía no terminó y promete un 2014 mucho más intenso aún de lo que fue el 2013.
La Asamble sigue dando tela para cortar
Fiscalía de Estado dio a conocer ayer el informe de los veedores del organismo que estuvieron presentes en las últimas asambleas del club, Ordinaria y Extraordinaria, que se desarrollaron el pasado miércoles 4 de diciembre en la sub sede Cruce Alberdi.
En el mismo, se destacan algunas irregularidades que se registraron en el acto, y que en su momento habían sido marcadas por las agrupaciones opositoras. Pero además, desde Fiscalía les solicitan a las autoridades de Central que efectúen un descargo a partir de algunas falencias observadas en el balance del club. Las mismas fueron detectadas y señaladas tanto por los síndicos de la entidad de Arroyito, como por un auditor externo.
Entre las irregularidades ocurridas el día 4 de diciembre en el Cruce Alberdi, los veedores señalan que “se permitió el ingreso a las asambleas de asociados durante todo el transcurso de las mismas”, y que “no se implementó un mecanismo o procedimiento para garantizar el recuento de votos” que permita confirmar o no la aprobación de los puntos que se exponían.
En este sentido, el punto número 10 del comunicado, queda expuesto que “no pueden convalidarse prácticas que no permitan precisar la cantidad de asociados que están presentes en la asamblea o no garanticen la deliberación y un mínimo recuento de votos”.
Sobre el final del informe, en los punto 14, 15 y en el 16, se señalan aspectos referentes al balance que fueron objetados por los síndicos del club.
En el punto 14, dice: “Cuando los vicios que puedan afectar a una asamblea son sustanciales, que atañen al orden público, pueden y deben ser declaradas de oficio por el Estado. Ello podría acontecer si los Estados Contables no reflejan razonablemente la realidad económico financiera de la entidad…”.
Y en el 15, se puede leer: “Resulta relevante el informe de la sindicatura quien declara: a) que no se ha brindado el dato de lo composición de los activos intangibles que determinan un superávit en el ejercicio; b) que no se les dio un informe sobre el estado de asuntos que se ventilan en sede judicial, como tampoco de las cuestiones extrajudiciales (convenios y demás situaciones), a fin de determinar con precisión, cuáles serán las acreencias y obligaciones de la institución; c) En el ítem Documentos y adelantos a rendir, no se expresa sobre la situación que originara una denuncia en sede penal contra el ex presidente Horacio Usandizaga, respecto a la operación económica sobre cláusula de la plusvalía en la transferencia del jugador Di María; d) Ratifica lo expresado por el auditor externo de que resultaron insuficientes los elementos y procedimientos de control interno para dar cumplimiento a las exigencias de la Resolución de la UIF N 65/2011; y e) No se accedió al contrato con Tiro Federal y el acta que lo aprobó”.
