La justicia chilena consideró viable una querella del partido Revolución Democrática contra la “línea de mando” del gobierno nacional por violaciones de derechos humanos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre con decenas de muertos, miles de heridos por la represión
La justicia chilena declaró este sábado admisible una querella por crímenes de lesa humanidad, presentada por el partido político Revolución Democrática (RD) contra la “línea de mando” del gobierno nacional, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, por violaciones de derechos humanos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre.
La fiscal Claudia Perivancich de la portuaria ciudad de Valparaíso, encargada de las investigaciones, afirmó que la causa está en marcha y que ha recibido más acciones judiciales contra Sebastián Piñera.
La fiscal regional fue designada para la investigación del jefe del Estado por el fiscal nacional, Jorge Abbot, en noviembre.
“He recibido dos querellas y dos denuncias. En la medida que se vayan presentando nuevas, si coinciden con los criterios que se han definido por el fiscal nacional para entregarnos la investigación, se me remitirán», anunció la funcionaria judicial.
La demanda, presentada el martes pasado, consta de 33 páginas y contempla denuncias por “homicidio, tortura y apremios ilegítimos, físicos y mentales, abuso sexual, violación, privación de libertad arbitraria, detención selectiva de personas, detenciones en domicilio de personas, privación de libertad física y mutilación”.
Según el abogado de RD, Matías Silva, el presidente Piñera tendría un papel de “cómplice encubridor” de delitos de la lesa humanidad.
La denuncia también alcanza al actual ministro del interior, Gonzalo Blumel, el ex ministro del interior Andrés Chadwick y al director general de Carabineros, Mario Rozas.
RD, de izquierda, fundado en 2012, luego de la presentación de la querella denunció actos de vandalismo contra su sede con pintadas como “Viva Pinochet”, “Rechazo” y “Vivan los pacos (policías)”.
No sólo las figuras del gobierno han sido denunciadas, sino también las instituciones de seguridad, ya que más de 1.100 querellas ha presentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) por casos de violencia institucional durante las manifestaciones que se han presentado en Chile desde el 18 de octubre de 2019.
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