El efectivo argentino fue repatriado en un avión de la Asociación del Fútbol Argentino tras gestiones directas de Claudio Tapia ante el gobierno de Delcy Rodríguez. Sin embargo, estalló un escándalo judicial: el abogado Gregorio Dalbón denunciará al juez Diego Amarante por intentar bloquear el rescate.
Tras más de un año de detención en territorio venezolano, el gendarme argentino Nahuel Gallo recuperó su libertad este domingo. La resolución del caso no llegó por las vías diplomáticas tradicionales —virtualmente rotas entre Buenos Aires y Caracas desde mediados de 2024— sino a través de un inédito canal abierto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La liberación de Gallo, detenido desde diciembre de 2024, se gestó en las sombras. Ante la ausencia de un embajador argentino en Venezuela, la AFA de Claudio «Chiqui» Tapia utilizó su cercanía con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), presidida por Jorge Giménez, hombre del círculo íntimo de la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez.
La logística del rescate fue puramente deportiva:
Vuelo privado: Gallo regresó al país en la aeronave de la AFA, dado que los aviones con bandera oficial argentina tienen prohibido el ingreso al espacio aéreo venezolano.
Aval internacional: La gestión contó con el respaldo de Alejandro Domínguez (Conmebol) y Gianni Infantino (FIFA), quienes habrían intercedido para facilitar el corredor humanitario.
Presencia en Caracas: Los dirigentes Luciano Nakis y Fernando Isla Casares fueron quienes recibieron al gendarme en Venezuela, luego de que la Justicia argentina le prohibiera viajar al propio Tapia.
A pesar del éxito del operativo, el clima en el entorno de la AFA es de máxima tensión. El Dr. Gregorio Dalbón, abogado de la entidad, emitió un duro comunicado internacional denunciando que el juez Diego Amarante intentó boicotear la liberación de Gallo.
Según Dalbón, el magistrado del Juzgado Penal Económico N°5 impidió la salida del país de Claudio Tapia, a sabiendas de que su presencia era una condición impuesta por Venezuela para entregar al gendarme.
«Eso no es jurisdicción, es decisión política. Presentaré denuncia formal por cohecho y dádivas. El juez bloqueó el único mecanismo disponible para repatriar a un ciudadano privado ilegítimamente de su libertad», disparó Dalbón.
El juez Amarante basó su negativa en la «inestabilidad política» de Venezuela y las denuncias de detenciones arbitrarias, argumentando que no había garantías de seguridad para un requerimiento judicial argentino en ese país. Para la defensa de la AFA, estos argumentos son una «excusa» que puso en riesgo la vida del gendarme.
Con esta acción, «Chiqui» Tapia no solo logra un triunfo humanitario, sino que asesta un fuerte golpe político en medio de su disputa con el Gobierno Nacional. Al ocupar el rol de «canciller de facto», la AFA demostró tener un alcance operativo que hoy el Estado Argentino no posee en Caracas.
«La vida de un argentino vale más que cualquier resolución sin fundamento», concluye el comunicado que ahora traslada la batalla de las pistas de aterrizaje a los tribunales de Comodoro Py.
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