El gobierno de Santa Fe dio a conocer ayer en Rosario el anteproyecto de ley que contempla el nuevo marco regulatorio para los servicios sanitarios provinciales. La presentación fue en la Casa del Agua y estuvo presidida por el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, y el presidente de la estatal Aguas Santafesinas SA, Alberto Daniele. La iniciativa, entre otros puntos, impulsa integrar a todos los municipios y comunas a las políticas de saneamiento, y no sólo a las quince localidades donde hoy Assa presta el servicio; transformar la sociedad anónima en sociedad del Estado –pasaría a llamarse Asse– e incorporar las obras de los grandes acueductos, hoy en etapa de reformulación. Además, con la instalación de medidores, la propuesta prevé pasar del actual régimen de tarifa plana a un sistema de bandas de consumo, con tarifas escalonadas: a medida que crece el consumo aumenta el costo.
Una vez finalizada la presentación de la propuesta en distintos lugares de la provincia, el Ministerio de Aguas estudia abrir una instancia de revisión del proyecto con distintos sectores de la sociedad, incluyendo a ONGs vinculadas al medio ambiente y la defensa de consumidores, cooperativas de servicios, comunas y municipios. La iniciativa también se discutirá con legisladores provinciales, quienes deberán otorgarle al proyecto el carácter de ley. El anteproyecto oficial apunta a reemplazar a la ley 11.220, vigente desde 1994, que abrió paso a la privatización de la entonces Dirección Provincial de Obras Sanitarias.
Con relación a la tarifa, que a partir del 1º de marzo se incrementará en un 19 por ciento (ver recuadro), el ministro de Aguas sostuvo que “hay que plantear un cuadro tarifario con distintas realidades, como la sectorización, niveles socioeconómicos y el uso del agua”. En la misma línea, indicó que “habrá varios escalones, con una tarifa para domicilios, otra para industrias y un cargo fijo que estará determinando a partir de una sectorización, como puede ser hoy la TGI. También habrá una diferenciación en el consumo. Es decir, el que más consume será el que más paga”.
Para Ciancio “es esencial que todos los usuarios tengan medidores”. El funcionario dijo : “Hay ciudades que tienen medidores, como Capitán Bermúdez, donde el consumo es mucho más bajo. La medición es un elemento que ayuda a que todos nos controlemos un poco”. El sistema tarifario contemplará la diferenciación entre gastos e inversiones y la micromedición a todos los usuarios mediante medidores.
Algunos de los parámetros que regirán el nuevo marco regulatorio están relacionados con “la ubicación de la vivienda y con el tipo de consumo, si es residencial o si es industrial”, explicó Ciancio, y aclaró que la tipificación del uso del recurso es importante ya que “hoy paga lo mismo el litro de agua un señor que tiene una casita en un barrio humilde que una embotelladora de gaseosa”, graficó.
El proyecto pretende reservarle a Assa la posibilidad, por medio de cargos fijos diferenciales a aquellos clientes no domiciliarios, de generar un fondo provincial que permita a la empresa costear grandes obras de infraestructura a partir de la inauguración del acueducto Centro-Oeste y el relanzamiento de los otros que estaban en danza y quedaron en stand by por un desfase presupuestario de los oferentes. Assa presta su servicio a casi dos millones de habitantes repartidos en quince localidades provinciales. El resto de los servicios son brindados por cooperativas, comunas y municipios. Ciancio también defendió las audiencias públicas como mecanismo de consulta ciudadana.
