Cinco directores del Conicet rechazaron la eliminación de los proyectos de investigación en Argentina

Los representantes de la comunidad científica en el directorio del Conicet firmaron un documento para rechazar la eliminación de la convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), dictada por el gobierno nacional esta semana, y en defensa del financiamiento público de la ciencia.

En el texto, los cinco miembros del directorio del organismo en representación de las áreas de estudio y del Consejo de Universidades expresaron su “profunda preocupación” por “la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una modalidad de convocatoria que desconoce al conjunto de áreas del conocimiento y que excluye en particular a la investigación en ciencia básica”.

El documento no llevó la firma de los otros tres representantes del agro, la industria y las provincias porque nació como un eco de la preocupación de los científicos sobre el futuro de su labor en Argentina.

Fondos básicos

Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades, explicó en diálogo en diálogo con el diario Página/12 que desde 2023 no se abrían nuevas convocatorias y que esa fue prorrogada hasta su cancelación esta semana. “Los fondos para el grueso de los proyectos de investigación de todo el país quedaron sin convocatorias nuevas y la última –hecha a fines del gobierno pasado– quedó sin efecto, habiendo sido evaluada y adjudicada. Eso hace que entonces los investigadores, los equipos en las universidades, el Conicet no tengan los recursos ni los insumos para poder investigar”, agregó.

Estos proyectos están financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que provee los recursos para la investigación y “es la principal fuente de financiamiento para poder investigar. El Conicet o la universidad nos pagan el dinero para poder llegar a fin de mes y la agencia nos da los recursos para pagar la infraestructura, los insumos, los gastos de investigación en todas las áreas del conocimiento”, detalló Pecheny.

Sin embargo, el miembro del directorio aseguró que el porcentaje del PBI que usaba este proyecto era muy pequeño. Hicieron la carta como un mecanismo de reclamo porque “nosotros no podemos trabajar sin presupuesto y sin recursos”. “Nuestros colegas están todos preocupados porque los dejaron sin la posibilidad de hacer su trabajo. Queremos manifestar, a la agencia o a quien corresponda, que es necesario que se haga investigación en todas las áreas del conocimiento y en la investigación básica. No va a haber ciencia para aplicar en el país si no se hace ciencia”.

Una propuesta de mercado

La alternativa de financiamiento propuesta por la agencia tiene como protagonistas a las empresas. “Está orientada a producir algo en el mercado y que lo pueda hacer con una utilidad inmediata porque hay un montón de cosas que van a tener un beneficio económico, pero en general la investigación lleva mucho tiempo y es incierta: no se sabe si vas a llegar a algo, porque si supieras no sería investigación”, explicó Pecheny.

A la vez, el científico explicó que una empresa puede tener distintos intereses que los del Estado. Para él, la empresa busca algo que le sirva económicamente rápido –no en 20 años, por ejemplo– y que lo posicione en el mercado para ganar más dinero, pero el Estado puede pensar en cómo mejorar el bienestar social a más largo plazo. Ejemplificó con descubrimientos matemáticos que encontraron su utilidad 50 años después e investigaciones sociales que podrían mejorar la adhesión a tratamientos médicos o el acceso a la vivienda.

Para Pecheny, la investigación en colaboración con las empresas es parte de un ecosistema científico, pero no puede ser lo único. Según la matiz de los gobiernos, se puede priorizar la investigación de los privados o de los públicos, pero sólo hacer una cosa “rompe el sistema en su totalidad”. Tiene que haber un Estado que lidere y que “se ocupe de hacer las cosas que son comunes, son de largo plazo”.

“El modelo de desarrollo que plantean desde el gobierno es un modelo que tiene una visión donde lo público, lo colectivo, el papel del Estado está, como ellos mismos dicen, reducido al mínimo y no no son conscientes de que hay bienes que se llaman bienes públicos desde una carretera a un hospital de niños o un desarrollo científico o el cuidado de los ríos o del agua que bebemos y todo eso si se deja en mano de intereses particulares, probablemente no tengamos hospitales de niños, ciencia, ríos cuidados y agua potable”, sintetizó.

“Atentan contra el desarrollo científico”

Los becarios de la agencia –quienes están haciendo su doctorado o posdoctorado– tienen el estipendio de los PICT congelado desde hace dos años. En cambio, “los becarios de Conicet y de la universidad tampoco pueden llegar a fin de mes, pero por lo menos sus sueldos se fueron actualizando con los de los profesores o de los investigadores, que también son sueldos públicos que han quedado rezagados”, contextualizó el investigador.

Pecheny advirtió que hay que pensar la investigación intergeneracional y federalmente: “las universidades son las que forman a los chicos que mañana van a investigar. Si no hay más universidades, no va a haber investigadores y si no se mantienen investigación en todo el país, va a quedar concentrada nada en dos o tres lugares grandes y el resto del país se va a caer todo”.

En este sentido, los cinco miembros científicos del directorio cerraron el documento instando a “revertir estas decisiones que atentan contra el desarrollo científico en un marco plural y el desarrollo equitativo del país”.