La Fiscalía federal llevó adelante un megaoperativo para desbaratar una red de narcotráfico que tiene unos 25 investigados en San Lorenzo y el Cordón Industrial. La organización, liderada por dos presos, utilizaba un sistema de distribución de drogas con la presunta colaboración de cinco prefectos y contactos en la Asociación de Taxis de San Lorenzo
Un megaoperativo desplegado este miércoles por la Justicia federal reveló una compleja estructura de una organización criminal con capacidad de operar desde cárceles federales con aportes logísticos y también con la connivencia de una fuerza federal como la Prefectura en San Lorenzo y el Cordón Industrial.
De acuerdo con voceros judiciales, estos 30 allanamientos surgieron tras una investigación que lleva dos años y está a cargo de la Unidad Fiscal Rosario y la sede Descentralizada San Lorenzo del Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de un trabajo coordinado por fiscal de Distrito Javier Arzubi Calvo y los fiscales Matías Scilabra, Franco Benetti y Claudio Kishimoto.
“Este caso pone en evidencia la capacidad de las redes criminales para mantener sus operaciones desde el sistema penitenciario y la necesidad de fortalecer los controles sobre las fuerzas de seguridad para prevenir la corrupción”, resaltaron desde el MPF.
Esta pesquisa identificó a Ramón «Willy» Velázquez y su mano derecha, Jehiel «Tito» Marino, como los máximos responsables de la banda. Ambos están detenidos desde principios de 2021 por llevar adelante el narcodelivery en la localidades del Cordón Industrial.
Ambos impartían directivas desde la cárcel a través de llamadas y audios, fijando precios, ordenando compras y controlando a los vendedores de la red, indicaron las fuentes.
A su vez, se conoció que uno de los hallazgos más relevantes es la posible connivencia de personal de la Prefectura Naval Argentina, lo que permitió a la organización operar durante un tiempo prolongado. Hasta el momento, cinco prefectos están bajo investigación y el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante allanamientos para secuestrar sus celulares, con el objetivo de profundizar esta línea de investigación que no descarta la filtración de información sensible a la banda.
Además, algunos miembros de la banda tenían contactos con la Asociación de Taxis de San Lorenzo que también fue allanada, describieron voceros judiciales relacionados al caso.
La organización continuaba con su operatoria de distribución de cocaína y marihuana a través de un esquema de «delivery» de drogas, con roles claramente asignados.
Las ganancias, que incluían operaciones financieras en dólares, eran manejadas a través de familiares y allegados, quienes también están bajo la lupa de la Justicia.
El pedido de la Fiscalía incluyó a más de 25 sospechosos, entre familiares de los líderes, vendedores y el personal de seguridad sospechado de colaborar.
Como parte del operativo de la PSA, los fiscales también solicitaron múltiples allanamientos en domicilios de Rosario y San Lorenzo con el objetivo de secuestrar estupefacientes, dinero y vehículos. Además, de la detención de los principales involucrados.
La investigación también destacó el rol de las redes familiares en el sostenimiento de la logística del narcotráfico en la región.
Los procedimientos continúan en estos momentos.
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