El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de la causa que investiga presuntas coimas durante su gestión. El exfuncionario deberá presentarse el próximo 19 de noviembre en los tribunales federales de Comodoro Py.
Franco Picardi, fiscal a cargo de la investigación, dijo haber detectado “una organización delictiva” que se dedicaba a realizar un «direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y sobreprecios”. La hipótesis delictiva incluye “el pago de sobornos a funcionarios públicos”, informó Data Clave.
En tanto, la Cámara Federal deberá resolver en los próximos días si la causa sigue adelante o se anula. Spagnuolo aseguró que “los audios son falsos, no es mi voz”, al pedir la nulidad total del expediente en una audiencia clave, donde estuvo representado por Mauricio D’Alessandro.
Pero Picardi pidió rechazar el planteo al sostener que los audios no fueron tomados como prueba determinante y que “existen otros elementos que dieron inicio a la investigación”. Entre ellos, mencionó el decreto del presidente Javier Milei que dispuso la salida de Spagnuolo tras la difusión del material.
La causa se inició en agosto, luego de que Data Clave y Carnaval Stream revelaran una serie de audios donde Diego Spagnuolo mencionaba un supuesto esquema de coimas en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad, involucrando a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, quienes presuntamente recibían un 3% en sobornos.
Hasta el momento, se realizaron allanamientos en ANDIS, la droguería Suizo Argentina y 25 domicilios particulares, en los que se secuestraron celulares, computadoras y documentación.
“Lo analizado hasta el momento en estas actuaciones, expone una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios/as públicos/as que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad y de gran vulnerabilidad social. De esta forma, se corrobora gran parte de la hipótesis inicial del caso y se fortalecen las sospechas sobre la participación de otras droguerías y funcionarios/as públicos/as en este entramado de corrupción que debe ser profundizado”, resaltó la fiscalía.
“Todo esto en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)”, se explicó.
Spagnuolo fue la máxima autoridad de Andis desde el 28 de diciembre de 2023 y hasta agosto de 2025. En ese marco, según la Fiscalía, “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales”. «Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él», agregó.
Dentro de las indagatorias está incluido Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Para la fiscalía, fue quién “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS, esto es, sin cargo ni designación administrativa alguna, tomaran decisiones vinculadas con la gestión y administración de recursos públicos -algunas de ellas formaban parte de firmas vinculadas al sector de la salud-; accedieran a información privilegiada del sistema de compulsas de precios y pagos; e, incluso operaran el sistema de compras de medicamentos y prestaciones SIIPFIS desde el exterior del organismo, todo ello a cambio de retribuciones económicas indebidas”.
El fiscal subrayó que “no existe derecho a la intimidad cuando un funcionario público habla de hechos de corrupción”, y recordó que la Corte Suprema ya fijó ese criterio. Además, rechazó la hipótesis de espionaje ilegal y negó que Spagnuolo haya sido víctima de maniobras clandestinas.
La defensa de Spagnuolo planteó que se violó la intimidad de su cliente y que las grabaciones fueron “editadas o generadas con inteligencia artificial”. “Spagnuolo me dijo que los audios son falsos y que no es su voz”, dijo el abogado D’Alessandro.
La defensa también solicitó conocer el origen de las grabaciones y pidió un peritaje técnico, coincidiendo con el planteo del abogado Martín Magram, defensor de los empresarios Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, involucrados en la presunta red de pagos. Magram insistió en que el expediente es nulo porque se basa en material de origen desconocido y recordó que el tema ya se había investigado en 2024 y que la causa que fue archivada.
Con información de Data Clave
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