El IPyPP hace hincapié en revisar el criterio de selección por “focalización” y la “fragmentación y descentralización de los programas” que lleva a una superposición en algunos casos y a una falta de atención en otros.
Durante el análisis, el director del Nación criticó algunas decisiones del gobierno nacional y consideró que resulta “incomprensible la detracción de los refuerzos alimentarios para el próximo año sin la garantía certera de la resolución de la emergencia alimentaria”.
En sintonía con el tono crítico, señaló: “Menos aún puede entenderse la cancelación del IFE o su reconversión en programas de menor alcance en cobertura y montos de ingresos”.
De cara a la necesidad de corregir los criterios de la asistencia, Lozano identificó tres falencias:
1.- La escasa cuantía de la inversión social: “Las políticas alimentarias cubren un 30% del drama del hambre, si sumamos las políticas de transferencia de ingresos sólo se atiende un 20% de las necesidades de ingresos y si nos proponemos construir un primer paso para un umbral alimentario, con lo que actualmente se destina se consigue cubrir la mitad”, indicó, por lo que advirtió que, a contramano de lo que sucede, se deben “destinar mayores recursos del presupuesto para atender la cuestión social”.
2.- Fragmentación y descentralización de los programas sociales, con “una cantidad importante de programas que tienen el mismo objetivo”, con lo que se da “una proliferación de programas nacionales y provinciales que reducen la posibilidad de una planificación centralizada”.
3.- La focalización como criterio de selección, una política que para el economista es “siempre fallida”, ya que “bajo la excusa de eficientizar el gasto público dándole sólo al que necesita, se genera inevitablemente una ineficiencia más importante: la de incumplir plenamente con el objetivo de atender la carencia de ingresos y la vulneración de los derechos”.
Como alternativa, Lozano consideró que “el único camino posible” lo constituyen “los programas de transferencia de ingresos de carácter universal”.
En ese sentido, remarcó: “Por eso insistimos, que la alternativa para establecer una salida a la crisis económica y social es redoblar la apuesta redistributiva generando un shock de consumo a través de instituir una renta básica universal”.
Para el economista, esa renta se conformará a través de “la efectiva universalización de la asignación universal por hijo junto con la garantía de un ingreso universal en línea con el valor de una canasta básica alimentaria para el conjunto de la población”.
En forma simultánea, propuso “reconducir el actual esquema de planes sociales de empleo”, con la implementación del SSEyF.
Aclaró que esa iniciativa sería equivalente al salario mínimo, “bajo la única condición de disponibilidad de horas equivalente a una jornada laboral completa para la dedicación exclusiva al trabajo y formación, sin acreditación de condición de vulnerabilidad socioeconómica”.
Para Lozano, “la referencia del ingreso del SSEyF cumpliría la efectiva función de un piso salarial que poner límites a la caída salarial, brinda mejores condiciones de negociación del conjunto de los trabajadores y permite movilizar fuerza de trabajo para satisfacer necesidades diversas de las comunidades completando la grilla de garantías sociales hoy pendientes”.