A través de un comunicado, el Colegio cuestionó la falta de políticas públicas, defendió el rol de los informes y alertó sobre revictimización en procesos judiciales
En medio de la controversia por presuntas irregularidades en informes psicológicos utilizados en causas de familia, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por el abordaje de las infancias judicializadas y pidió una reunión urgente con la Corte Suprema de Justicia.
La entidad advirtió sobre “falencias en las políticas públicas” destinadas a la niñez y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en este tipo de casos.
“El sistema no está preparado ni problematiza la complejidad de las problemáticas que atraviesan niños, niñas y adolescentes”, señalaron, y alertaron que muchos menores pasan “gran parte de sus vidas judicializados”.
En ese marco, el Colegio puso el foco en la falta de recursos dentro del Sistema de Protección Integral y en lo que definió como una “inacción” estatal que, según sostienen, habilita la aparición de “falsos síndromes” o procesos de patologización que terminan por “ocultar la voz de los niños” en los expedientes.
También advirtió la entidad sobre el impacto de discursos que buscan deslegitimar el campo profesional en un contexto de recorte de políticas sociales, especialmente en áreas vinculadas a la infancia.
En el comunicado, el Colegio defendió el lugar de los informes psicológicos dentro de los procesos judiciales y remarcó que no pueden ser interpretados como una sentencia.
“Son una herramienta que aporta nuestra práctica, pero deben ser considerados junto a otros elementos”, indicaron. Además, subrayaron que estos informes reflejan la singularidad de cada caso y forman parte de un abordaje interdisciplinario.
En esa línea, recordaron que todos los profesionales matriculados están habilitados para realizarlos y que existen instancias institucionales como el Tribunal de Ética para recibir denuncias ante posibles malas prácticas.
Otro de los ejes del pronunciamiento fue la crítica a las prácticas “adultocéntricas” que, según el Colegio, aún predominan en el abordaje de estas situaciones. “Escuchar las voces de las infancias en un marco interdisciplinario sigue siendo un desafío”, plantearon, y advirtieron sobre situaciones de revictimización dentro de los procesos judiciales.
Además, remarcaron que el incremento de vulneraciones de derechos exige respuestas urgentes y un rediseño de los dispositivos de intervención.
Para cerrar, el Colegio solicitó formalmente una reunión urgente con la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de discutir el funcionamiento del sistema y promover cambios. El planteo apunta a fortalecer la articulación entre el ámbito judicial y las políticas públicas, con un enfoque centrado en el cuidado y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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