Colombia revoca una exigencia de las Farc

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó una ley que elimina la posibilidad de crear zonas de despeje militar o de distensión en el territorio nacional, un reclamo que la guerrilla pone como condición cada vez que ofrece abrir un diálogo.

El ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, hizo el anuncio de la sanción al término de un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

“Quisiera resaltar que como novedades en esta iniciativa se señaló que, frente a eventuales diálogos futuros de paz, quedan prohibidas y descartadas las zonas de despeje o zonas de distensión en cualquier lugar del territorio nacional”, explicó Vargas Lleras.

La ley, según se informó, confiere nuevamente al presidente la posibilidad de decretar indultos individuales y colectivos a quienes tomen la decisión de desmovilizarse de los grupos armados y acogerse a un proceso de paz.

No obstante, Vargas Lleras puntualizó que esos indultos no podrán beneficiar a personas que hayan cometido delitos calificados como atroces o de lesa humanidad o participado en el reclutamiento de menores de edad.

La nueva ley dota al Ejecutivo de facultades especiales para mejorar sistemas de protección para víctimas de la guerrilla, organizaciones de derechos humanos, dirigentes sindicales y periodistas, y para seguir adelante con los programas de protección que en la actualidad benefician a 11.500 colombianos.

En adelante, las negociaciones podrán realizarse en el territorio extranjero, y se garantiza para los negociadores de los grupos guerrilleros la posibilidad de obtener salvoconductos mientras se mantengan las conversaciones.

El pasado 8 de septiembre, al anunciar el envío del proyecto de ley al Parlamento, el ministro Vargas Lleras aseguró que el gobierno colombiano renunciaba así a las zonas de despeje, pero no al diálogo con los grupos insurgentes.

“No queremos, esa facultad no la vamos a usar”, expresó al ratificar que en la agenda política nacional no había ningún proceso de diálogo en curso “y, si lo hubiera, no creemos necesitar el instrumento para despejar una zona en el territorio nacional”.

La imposibilidad de nuevos despejes militares echa por tierra una pretensión que la guerrilla exhibe cada vez que ofrece dialogar en busca de una salida política al conflicto interno, como ocurrió ya entre 1999 y 2002.

Esa prohibición había sido votada por el Congreso en noviembre y luego enviada al Ejecutivo para que comprobara si se ajustaba a la Constitución.

En 1999, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana aceptó negociar la paz con las Farc y concedió la desmilitarización de 42 mil kilómetros cuadrados que, a la larga, fueron utilizados por el grupo guerrillero para fortalecer su aparato militar sin que se concretaran acuerdos de reconciliación.

Otro despeje fue hecho durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) en el norte del país, para negociar la desmovilización esta vez de grupos paramilitares agrupados en las llamadas Autodefensas Unidas Colombia (AUC).

Las Farc insistieron en que sean despejados los municipios de Florida y Pradera para iniciar contactos que permitan una paz negociada, durante la pasada administración de Álvaro Uribe, pero el entonces mandatario rechazó de modo tajante esa posibilidad.