Comenzó el jury a tres de los fiscales que investigaron el homicidio de Nora Dalmasso

Por Gustavo Molina/ Especial para El Ciudadano

Este martes a las 8.30, comenzó en la Legislatura de Córdoba el jury de enjuiciamiento contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro; tres de los seis fiscales que investigaron el homicidio de Nora Dalmasso (52), ocurrido la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006, y tras casi veinte años, permanece impune. El jury tendrá 37 testigos y las audiencias culminan el próximo lunes 27. Mientras que los alegatos y la sentencia se conocerán antes del próximo 28 de mayo, fecha en que se cumple el plazo máximo de 60 días hábiles posteriores a la formulación de la acusación.

Precisamente, este escrito de 190 fojas, impulsado por la familia Macarrón, el viudo Marcelo Eduardo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina, apunta contra los tres fiscales, porque no investigaron en profundidad la hipótesis de que el parquetero Roberto Bárzola podría ser el asesino de Nora Dalmasso; y que no podrá ser sometido a proceso judicial porque la causa está prescripta.

El 23 de diciembre de 2024, sobre el filo de la Navidad de ese año, y cuando la causa judicial ya estaba prescripta por el paso de los años; el sexto fiscal de la causa, Pablo Jávega informó que se había encontrado material genético y un pelo coincidente con el ADN de este trabajador en la bata y sobre el cuerpo de la víctima: “Venimos a solicitar se realice Jurado de Enjuiciamiento en contra de los señores fiscales de Instrucción, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro (…); persiguiendo en definitiva sean destituidos de sus cargos, en virtud de los hechos que más abajo detallaremos pero que se sintetizan en que dichos funcionarios, contando en la causa penal bajo su dirección con elementos probatorios más que suficientes para sospechar que el señor Roberto Marcos Bárzola podría ser el autor material de los delitos sufridos por la señora Nora Raquel Dalmasso y, por ende, encontrándose obligados a investigar al referido Bárzola, decidieron dejarlo totalmente de lado. En cambio, optaron por encarnizarse en contra de la familia de la víctima, incurriendo en violencia institucional contra la misma y poniendo en riesgo la condena de quien los análisis genéticos -que ellos injustificadamente se negaron a realizar recientemente vinieron a ratificar que sería el culpable”.

En caso de ser encontrados culpables de “mal desempeño en sus funciones y negligencia grave”, los fiscales serán destituidos; y pese a ser juicio múltiple, las sanciones son individuales: cada fiscal puede ser ratificado en su cargo o ser removido; no tienen la misma resolución los tres.

El Tribunal del Jurado de Enjuiciamiento está integrado por la legisladora oficialista Julieta Rinaldi -la schiarettista es vicepresidenta de la Legislatura-; el legislador llaryorista Facundo Torres Lima; el legislador radical Miguel Nicolás, quién en 2011 ya desestimó los cargos contra Di Santo, y los fiscales Fernando Moine y Marcelo Hidalgo; el legislador juecista Walter Gispert; y la vocal del TSJ, Aída Tarditti; quién también en 2011 falló a favor de los fiscales sometidos a jury.

La acusación está a cargo de la fiscal General adjunta, Bettina Croppi; quién deberá sostener y hacer propia la sospecha de los Macarrón.

El dato que no escapa dentro y fuera de la Legislatura, y sobre todo en Río Cuarto, es que Marcelo Macarrón ya fue juzgado en 2022, acusado, increíblemente y sin pruebas, por el fiscal Pizarro, de haber contratado a un sicario para asesinar a su esposa. El juicio comenzó el lunes 14 de marzo y terminó el viernes 5 de agosto de ese año, cuando el esposo de Nora resultó absuelto.

En la escena del crimen, el perito bioquímico Daniel Zabala; y los médicos forenses Virginia Ferreyra, Guillermo Mazzuchelli y Martín Subirachs, colectaron abundante prueba genética perteneciente al viudo del cuerpo de la víctima y de la bata y su cinto con el que fue ahorcada. Debido a que Macarrón se encontraba de viaje en la ciudad uruguaya de Punta del Este jugando un torneo de golf y el ADN se correspondía con un hombre de linaje genético de Macarrón; el fiscal Di Santo imputó a su hijo Facundo, quién no había presentado una coartada para justificar qué hizo cuando su madre fue abusada y asesinada. Félix Macarrón, padre de Marcelo y abuelo de Facundo, sí tenía coartada, estaba durmiendo en su casa junto a su esposa y su hija.

¿Cosa juzgada?

Este debate oral y público ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, es el segundo que se realiza contra funcionarios judiciales que investigaron el crimen de Dalmasso. En el primer proceso impulsado por el legislador delasotista Raúl Costa, presentado el 15 de febrero de 2007, días después del “perejilazo” que sacó en libertad al pintor Gastón Zárate -sólo 24 horas después de entregarse en los Tribunales de Río Cuarto- también fueron apuntados tres fiscales: el propio Di Santo y Fernando Moine, ambos de Río Cuarto; y Marcelo Hidalgo, enviado especialmente desde Córdoba.

En el escrito de sólo 11 fojas, basado principalmente en recortes de medios de prensa, Costa acusa a Di Santo, Moine e Hidalgo de “mal desempeño”, causal “atrapada en las previsiones del artículo 154 de la Constitución Provincial y en el artículo 2 de la Ley Nº 7956 y sus modificatorias”.

El 17 de noviembre de 2011, casi cinco años después, los integrantes del Jury de Enjuiciamiento, su presidente, el legislador delasotista Walter Saieg; la jueza Aída Tarditti, en representación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); el secretario del jury, Gustavo Lasa; el legislador radical Miguel Nicolás y el legislador juecista Rodrigo Serna entendieron que “no cualquier error judicial resulta captable en la causal de destitución, toda vez que además de una singular gravedad se requiere su inexcusabilidad, lo que en modo alguno puede predicarse de las resoluciones provisorias que se adoptan en un proceso y que pueden revertirse en caso que resulten desacertadas a través de los recursos pertinentes”; por lo que resolvieron “desestimar la denuncia presentada por el doctor Raúl Omar Costa, en contra de los doctores Francisco Javier Di Santo; Fernando Juan Moine y Marcelo José Hidalgo; en virtud de no darse en el caso de autos, las causales de destitución contenidas en el artículo 154 de la Constitución de la Provincia de Córdoba”.

El proceso

En el escrito acusatorio, la familia Macarrón sostiene que “Facundo Macarrón, hijo de la víctima, fue imputado por abuso sexual y asesinato, en virtud de supuestas contradicciones en sus propias declaraciones (vertidas en obvia situación de conmoción espiritual); coaccionándose por horas a sus amigos y entorno íntimo para que algo dijeran en su contra: abusando de las instalaciones, el personal y los recursos de la Policía Judicial en la Ciudad de Córdoba. Es decir, utilizando el poder del Estado cordobés para cometer lo que hoy a todas luces fue una aberración contra un menor de edad, su familia y toda la comunidad”.

En las últimas horas, el hijo de Nora y el viudo, quién oficia como vocero familiar, declaró en la radio Cadena 3: “Este tipo (el fiscal Javier Di Santo) me arruinó la vida; hay un montón de sueños que tuve que postergar, que incluso nunca voy a poder lograr por culpa de esa ineptitud”.

También señaló que los fiscales “tuvieron un ADN desde el 2010 y nunca lo cotejaron con quien lo tenían que cotejar. Fue mucho más que ineptitud, fue cobardía para plantarse frente a la presión y hacer las cosas bien” y ratificó la acusación contra el parquetero Bárzola: “El asesino, y ya sabemos quién es, estamos totalmente convencidos como familia, está suelto. La violó, la mató y sigue suelto por las calles de Río Cuarto sin que nadie le diga absolutamente nada”.

El propio Bárzola le dijo en las últimas horas a El Ciudadano: “Estas personas necesitan limpiar su nombre; y acusan a cualquiera, sin importarles nada, yo tengo una vida, tengo familia. Me arruinaron la vida”.

Y agregó: “Nunca estuve prófugo, siempre predispuesto cada vez que me llamaron. No soy un delincuente, por algo no tengo ningún tipo de antecedentes, nunca estuve preso por ningún motivo; jamás un problema con la Justicia. Y después de casi 20 años, despertar un día y verme envuelto en todo esto…, no es fácil seguir el día a día. Mi vida cambió por completo”.

Sobre los otros dos fiscales sentados frente al jury, el voluminoso escrito acusatorio de la familia Macarrón apunta: “Asimismo, y también sin perjuicio de la mejor calificación legal que el órgano acusador deberá otorgar a la causa, entendemos que los doctores Miralles y Pizarro incurrieron en indignidad de su cargo al ejercer violencia institucional en contra de la familia Macarrón”. En su tiempo como fiscal del caso, Miralles acusó al viudo de haber viajado clandestinamente desde Punta del Este a Río Cuarto y ser el autor material del crimen. Pizarro, en tanto, elevó la causa a juicio imputándolo vanamente de haberle pagado a un sicario.

“A Bárzola se lo investigó”

Javier Di Santo fue el primer fiscal de la causa y estuvo a cargo del caso durante ocho años y medio, hasta el 29 de mayo de 2015, cuando dejó la investigación. Él imputó al ex funcionario provincial Rafael Magnasco, al pintor Gastón Zárate (hoy detenido por otro homicidio) y a Facundo Macarrón.

La defensa de Di Santo en este jury está a cargo de la abogada Luciana Caminal, directora de la Red MIAC-CAMACOL Argentina, la primera red nacional promovida por el Miami International Arbitration Center (MIAC), organismo arbitral de la Latin Chamber of Commerce of the United States (CAMACOL), con sede en la ciudad de Miami, EE.UU.

“La acusación de la Fiscalía General sostiene que existió negligencia grave y mal desempeño porque no se habría seguido la línea investigativa de los obreros, en particular la de (Roberto) Bárzola, presentada ahora como una hipótesis obvia. Nuestra posición es clara: nadie que conozca el expediente puede sostener seriamente esa afirmación”, afirmó la defensa de Di Santo.

La abogada Luciana Caminal detalló a El Ciudadano que “la línea investigativa de los obreros fue seguida en profundidad. Se investigó a cada una de las personas que trabajó en la casa de Nora Dalmasso, tanto empleados fijos como temporales y también quienes realizaron tareas específicas. Se dispusieron allanamientos, escuchas telefónicas y el cotejo de la huella de la zapatilla hallada en la pérgola. En el caso particular de Bárzola, además de esas medidas, la investigación se extendió sobre su coartada, su jefe y su pareja, y se realizó incluso una reconstrucción del trayecto que dijo haber hecho para determinar la ventana temporal. A Bárzola lo investigaron también la División de Investigaciones de Río Cuarto y la División de Homicidios de la ciudad de Córdoba”.

La defensa de Di Santo hizo hincapié en que “en esa línea investigativa no intervino solamente mi defendido, el doctor Di Santo; también tomaron participación los dos fiscales designados por la propia Fiscalía General mediante instrucciones particulares, Moine e Hidalgo, designaciones que precisamente reconocían la complejidad de la causa. Del mismo modo, fue nombrado como coordinador el entonces fiscal General adjunto Hugo Píttaro: es decir, la línea de los obreros en general y la de Bárzola en particular fue exhaustivamente investigada, sin que surgieran elementos de convicción suficientes para sostener motivos bastantes para una imputación. Se investigó en profundidad, recurriendo a todas las medidas probatorias disponibles y según la tecnología y recursos existentes en ese momento; estamos hablando de veinte años atrás”.

Y como apoyo a su tesis defensiva, Caminal destacó: “Hay un dato que no puede pasarse por alto, en el alegato final del fiscal de Cámara, el doctor Julio Rivero en el juicio seguido contra Marcelo Macarrón se sostiene una hipótesis criminal completamente distinta a la de Bárzola: que el asesino de Nora Dalmasso era una persona conocida por ella. Allí se da relevancia a la autopsia psicológica, al testimonio del perito forense Mario Vignolo y a la idea de que la víctima mantuvo relaciones sexuales consentidas, además de interpretar la cobertura del cuerpo como una señal de arrepentimiento frente al hecho aberrante de la muerte. Esa construcción es incompatible con la figura de un empleado de 26 años que había ido apenas dos o tres veces a la casa”.

La abogada Luciana Caminal expuso que “corresponde señalar que el hallazgo del ADN de Bárzola fue accidental. No surgió como resultado de una teoría criminal en desarrollo, sino de una verdadera excursión de pesca, en la que el fiscal actual pidió confeccionar un listado de personas conocidas por Nora Dalmasso y, a partir de allí, obtuvo material genético de más de 30 personas. Ese método resulta contrario a la interpretación normativa que sobre esta materia realizaron tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aun así, se pretende instalar la hipótesis de Bárzola como posible autor del hecho como obvia, omitiendo incluso que la propia genetista del proceso (Nidia Modesti) afirmó que la sola presencia de ADN no era suficiente”. La genetista Modesti desestimó así la participación de Marcelo Macarrón como autor material, pese a la abundante prueba genética colectada en la escena del crimen; hipótesis manejada por el fiscal Daniel Miralles y rechazada por su sucesor Pizarro.

Para echar por tierra la acusación contra Di Santo, su defensa explicó a El Ciudadano que “cuando la Fiscalía General habla de una supuesta obviedad, conviene recordar la realidad del expediente. La causa tuvo múltiples teorías criminales: los vínculos interpersonales de Nora Dalmasso, los obreros, la línea remitida por personal de Laboulaye, las fiestas de esa noche, los vínculos laborales de la víctima y todas las demás líneas que fueron surgiendo de la prueba recolectada. La obviedad no fue tal para la propia Fiscalía General ni para el FBI, que reconocieron la complejidad del caso. Tampoco lo fue para los fiscales que siguieron de cerca el proceso: Miralles, Pizarro, Hidalgo, Moine, Píttaro, (Gustavo) Vidal Lascano, (Darío) Vezzaro, (Alejandro) Moyano, Rivero y Jávega. Tampoco fue evidente ni obvia la hipotesis de Bárzola para los querellantes, defensores y magistrados intervinientes en el proceso”.

“Miralles hizo un trabajo impecable”

Daniel Miralles estuvo a cargo de la investigación durante poco menos de un año y medio, entre el 16 de febrero de 2016 y el 26 de junio de 2017 y puso al viudo como autor material del homicidio de su esposa, Nora Dalmasso: “La presencia mayoritaria de ADN y especialmente de semen en la zona vulvar de la víctima es un indicio de presencia en el crimen que lo señalan todos los autores. Sí o sí se debe investigar”, disparó con precisión Daniel Fernández, defensor de Miralles en este juicio que se lleva adelante en la Lgislatura.

El escrito acusatorio de los Macarrón contra Miralles dice expresamente que hubo una persecución institucional contra la familia por parte del Estado, quizás, como cobertura para reclamar una indemnización a futuro si los fiscales son destituidos.

Una chicana del abogado Marcelo Brito, ex fiscal General delasotista y defensor de Macarrón, dejó fuera del caso a Miralles cuando estaba a punto de elevar la causa a juicio con el viudo imputado como autor material.

Daniel Fernández declaró al diario Puntal que su defendido Miralles “construyó más de cinco cuerpos en un año y medio, más de 3.000 fojas, realizó más de 300 informes y más de 30 audiencias”.

Y aseguró que “no se puede juzgar hoy, siete años después de la actuación del fiscal, si hubo o no mal desempeño. Todo prescribe, todo caduca” y apuntó contra Pablo Jávega, el último fiscal del caso, que informó sobre el misterioso ADN del parquetero en la escena del crimen: “Lo que hizo Jávega está mal hecho. Eso se llama, y no lo dice Daniel Fernández, lo dice la Corte Suprema, excursión de pesca probatoria. Es decir, voy a probar a ver a quién le toca”, coincidiendo con la defensora de Di Santo.

Para la defensa de Miralles, “al ser ilegal la colección de esa prueba, nunca jamás podrá considerarse para nada y nunca jamás podrá llevar a saber cuál es la verdad de lo ocurrido”. La defensa sostiene que la acusación contra Daniel Miralles pretende que el fiscal hubiera actuado por fuera de los marcos constitucionales para dar con un culpable a cualquier costo: “Pretendían que mi defendido hiciera lo mismo que hizo Jávega. Es decir, como si usted me pidiera a mí que yo torturara a alguien para que dijera la verdad y después eso pueda ser utilizado”, acusó Fernández.

En el mismo sentido que la abogada Luciana Caminal, Fernández sostuvo que “Bárzola fue totalmente investigado. Hasta le secuestraron las zapatillas y no hay rastros”; a la vez que aseguró que Miralles investigó exitosamente más de 15 homicidos y es “un hombre de ley”: “En el banquillo debería estar Jávega y varios más”.

“No hubo mala praxis”

Luis Pizarro fue el último fiscal del caso, quién elevó la causa a juicio poniendo al viudo Macarrón en el papel de instigador del crimen de su esposa. Asumió el 9 de septiembre de 2017 y dos años después, el 23 de septiembre de 2019 elevó la causa con una hipótesis imposible de probar, ya que los sicarios no extienden tickets de pago.

Su defensor Carlos Pajman, sostuvo que “no hubo mala praxis” de parte de su cliente y le hizo un guiño a los Macarrón: «Es un derecho que tiene la familia» de la víctima, dijo en declaraciones a Puntal AM.

La audiencia terminó con un cuarto intermedio en el inicio del Jury. Los abogados de los fiscales pidieron la nulidad y la suspensión. Entienden que tiene que estar el Fiscal General de la provincia, Carlos Lezcano y no la fiscal adjunta.