Comienzan las indagatorias por el supuesto espionaje ilegal dentro de las cárceles

Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) serán indagados este viernes en el comienzo de una nueva ronda de declaraciones en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri que tramita en Lomas de Zamora.

Los interrogatorios a los ex miembros del SPF Aníbal Meza y Matías Fernández, previstas para las 10 y las 12, respectivamente, se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual Zoom ante el juez federal Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que tienen delegada la investigación.

La nueva ronda de indagatorias se dará en el marco del denominado «legajo 9», en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por ex miembros de la AFI junto a ex agentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad, entre las que se encontraban ex funcionarios y empresarios.

Para esta tanda están previstas 25 declaraciones indagatorias entre las que sobresalen la de los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, previstas para el 9 y 10 de diciembre, y la del ex titular del SPF, Emiliano Blanco, convocado para el 30 de noviembre.

Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.

En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el gobierno de Macri e incorporó a sus funciones habituales el «trabajo operativo» y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.

Los imputados «se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje” respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el ex vicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, según surge de la acusación.

«También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos», sostuvieron los fiscales cuando solicitaron las indagatorias.

Las tareas de inteligencia ilegal «alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales».

Entre las indagatorias dispuestas se encuentran las de los integrantes del área de jurídicos de la AFI Juan Sebastián Destéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, quien antes de integrar la central de espías había trabajado en el juzgado federal número 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.

También fueron convocados el procesado ex jefe de operaciones especiales de la AFI Alan Ruiz y los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros: los dos últimos plantearon la nulidad de sus citaciones bajo el pretexto de haber sido convocados por el solo hecho de reenviar un documento que contenía información sobre personas privadas de su libertad.

Los investigadores sospechan que fue a través de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas realizadas a ex funcionarios que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, vulnerando la orden judicial que en algún momento autorizó sólo a escuchar y transcribir las conversaciones telefónicas del narcotraficante Mario Segovia.