Cómo el gobierno de Milei afecta el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo

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Aunque el gobierno que encabeza Javier Milei se proclama liberal, lo cierto es que apoya las movidas más reaccionarias y conservadoras. Un ejemplo concreto es lo que ocurre tras cumplirse un nuevo aniversario de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina.

Según un informe de la oficina local de Amnistía Internacional se registró durante el primer año de la administración libertaria un notable aumento en las barreras que encuentran las mujeres que buscan acceder a la práctica. La cantidad de consultas que recibió la organización por obstáculos en el acceso al aborto aumentó un 215% en comparación con 2023.

Esto ocurre en un contexto en el que Milei calificó la interrupción del embarazo como parte de una “agenda sangrienta del aborto” y un “asesinato agravado por el vínculo”. La entidad recuerda que estas declaraciones no sólo desconocen el marco normativo vigente, sino que desinforman a la población y fomentan el estigma en torno al acceso al aborto.

“Esto puede generar intimidación y temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, como en los profesionales de la salud que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan esta práctica”, dice Amnistía.

“El incremento en las denuncias por barreras en el acceso al aborto evidencia que no se trata de casos aislados, sino una tendencia preocupante que refleja el impacto negativo ante el desfinanciamiento de la política pública y la paralización de la compra de insumos esenciales que pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Uno de los casos más llamativos que registró la organización fue el “María” (nombre ficticio para preservar su anonimato), de la provincia de Misiones, quien, cursando seis semanas de embarazo, decidió interrumpirlo. María tiene cuatros hijos y un salario de un empleo no registrado.

“Fui a dos hospitales públicos y no había medicación. Pedí ayuda al municipio, pero me dijeron que no tenían. La doctora me dijo que el Ministerio de Salud de la Nación no envía más medicación y que debía comprarla. Estoy desesperada porque no tengo los recursos”, relató la mujer.

Los médicos le dijeron que no podían garantizar el procedimiento por falta de insumos, debido a la interrupción intempestiva del suministro desde Nación, y les indicaron que debían comprar el misoprostol por su cuenta. En agosto, el costo de la medicación era de 100.000 pesos, una suma inaccesible para María y muchas otras mujeres.

Conforme información suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación desde el comienzo de su gestión, el gobierno nacional paralizó la compra de misoprostol y mifepristona, insumos esenciales para el acceso al aborto lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes.

“Ello representa un retroceso en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva, en tanto en el año 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona”, sostuvo Aministía.

En virtud de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó en el mes de noviembre al Estado argentino, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género y en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Prácticas ilegales en San Isidro

Amnistía Internacional también alertó sobre prácticas coercitivas y violaciones de derechos en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, donde se han implementado mecanismos para disuadir y obstaculizar el acceso al aborto.

En 2024, «Camila» (nombre ficticio) fue derivada a un consultorio de «Maternidades Vulneradas», donde sufrió maltratos, preguntas invasivas y un uso indebido de sus datos personales para presionarla a cambiar su decisión.

Ante esta situación, tuvo que buscar atención en otra jurisdicción, algo que muchas no pueden hacer, enfrentando barreras económicas, demoras y riesgos para su salud.

A cuatro años de la sanción de la ley los avances en salud pública son innegables: entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, logrando una reducción del 53% en las muertes por aborto entre 2020 y 2022.

No obstante, casos como el de María y el de Camila “exponen retrocesos preocupantes que deben ser atendidos con urgencia para garantizar en forma igualitaria los servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado nacional está obligado a garantizar a través de diferentes leyes nacionales y tratados internacionales para proteger la salud y los derechos reproductivos de todas las personas en Argentina”.