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Cómplice civil de la dictadura: Blaquier será juzgado

El propietario del ingenio Ledesma en Jujuy, Carlos Blaquier, podrá ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, entre ellos los cometidos durante La Noche del Apagón. Lo definió esta semana la Corte Suprema de Justicia que revocó la falta de mérito dictada en 2015

A días de que se cumplan 45 años de la Noche del Apagón, el propietario del ingenio Ledesma, en Jujuy, Carlos Blaquier podrá ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Este jueves la Corte Suprema de Justicia revocó «falta de mérito» por estos delitos que había beneficiado al empresario y resolvió que se dicte una nueva sentencia. Ahora, la causa podría ir a juicio oral por 29 casos de privaciones ilegales de la libertad.

Con las firmas de tres de sus miembros y la disidencia de uno, Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación que en 2015 dictó la falta de mérito de Blaquier. Él y Alberto Lemos, el administrador del ingenio, fueron procesados como partícipes necesarios de «La noche del apagón», como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, entre el 20 y el 27 de julio de 1976.

El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes.

Al momento del golpe, el 24 de marzo de 1976, Blaquier presidía el directorio de la empresa a la que se había sumado más de veinte años antes cuando se casó con la única hija y heredera del dueño de Ledesma, María Elena “Nelly” Arrieta.

El camino de Blaquier dentro de la empresa fue de ascenso continuo, luego de su ingreso en 1952. Luego, en 1960, pasó a integrar el Consejo Directivo del Centro Azucarero Argentino y dos años después fue nombrado director y gerente general de Ledesma S.A.A.I. En 1967 fue designado vicepresidente y en 1970 presidente.

En los setenta, el ingenio Ledesma era el encargado del suministro de electricidad. Se conoce como la Noche del Apagón a la serie de cortes de luz que se efectuaron en julio de 1976 con el objetivo de secuestrar trabajadores, estudiantes, militantes y sindicalistas.

Las audiencias en la causa por la que investigan estos crímenes comenzaron hace más de tres años y el juicio está cerca de llegar a su etapa final.

Todos los años se realiza una marcha para recordar los secuestros y desapariciones de esos días que dejó a dos pueblos sin luz. Se recorren los cinco kilómetros, por la Ruta Nacional 34, que unen la localidad de Calilegua y la ciudad de Libertador General San Martín. Una enorme columna de agrupaciones políticas, sociales y gremiales se suman a este homenaje y pedido de justicia, del que, hasta antes de su detención irregular, participaba la dirigente Milagro Sala.

Complicidad civil

En agosto de este año Blaquier cumplirá 94 años y si bien los organismos de derechos humanos celebran la resolución de la Corte hablan de la «impunidad biológica» de la que gozan los acusados de crímenes de lesa humanidad por las demoras que ha tenido históricamente la Justicia.

El retraso de la Corte en resolver las causas por delitos de lesa humanidad que llegan a esa instancia es un reclamo constante y fue abordado recientemente en una reunión que mantuvieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y el secretario Horacio Pietragalla Corti.

Según la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, a diciembre de 2020, se encontraban al menos 101 recursos pendientes de resolución en el máximo tribunal del país, que involucraban a 150 personas en 39 causas. La Secretaría de Derecho Humanos participa como querellante en varias de ellas: como la ”Megacausa Salta”, la Masacre de la Capilla del Rosario en Catamarca o la causa “Morales”, en la que se juzgaron hechos ocurridos en San Pedro de Jujuy.

A pesar de que Argentina ha tenido un proceso de juzgamiento a genocidas ejemplar en el mundo, a partir de la reapertura de juicios en 2006, desde el requerimiento de elevación de las causas hasta la confirmación de la sentencia transcurren, en promedio, cinco años. A eso se suman los más de 30 años de impunidad desde la recuperación democrática en 1983. A eso, además, se suma que desde 2006 hasta diciembre de 2020 fallecieron 904 personas imputadas, de las cuales 692 murieron antes de recibir sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Por otra parte, la mayoría de los juicios de lesa humanidad se centraron hasta ahora en la responsabilidad de militares en sus distintas cadenas de mando y de las fuerzas de seguridad pero los testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y las investigaciones judiciales dan cuenta de la enorme complicidad civil con la que contaron las Fuerzas Armadas para poder llevar adelante una represión feroz que resultó en un genocidio.

Por la causa en la que ahora podrá ser juzgado Blaquier ya están sentados en el banquillo, por los mismos secuestros, militares e integrantes de las fuerzas de seguridad de Jujuy.

Abogados, médicos, sacerdotes y empresarios en todo el país fueron necesarios también para el montaje de una estructura estatal que tuvo como objetivo perseguir, secuestrar, torturar, violar, forzar abortos, robar bebés, asesinar y desaparecer a miles de personas en Argentina entre 1976 y 1983.

En este sentido hubo una causa que marcó un hito en Argentina: la causa Ford en la que en diciembre de 2018 se dictó una sentencia ejemplar, aunque aún no está firme. Ahí se investigó la participación de altos funcionarios de la empresa Ford Motor Argentina en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 24 trabajadores, algunos de ellos delegados gremiales, de la planta ubicada en la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires.

Así se condenó a Santiago Omar Riveros a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; a Pedro Müller a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; y a Héctor Sibilla a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta durante la duración de las condenas, considerando a los dos últimos partícipes necesarios en los hechos criminales.

Fue la primera sentencia condenatoria en el país de altos funcionarios de una firma multinacional en términos de participación empresarial en delitos de lesa humanidad. Como se trata de una de las multinacionales más importantes en el mundo -y emblemática porque hasta marcó un modo de producción capitalista- hubo una enorme repercusión internacional, aunque en Argentina la difusión fue bastante acotada.

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