La Legislatura provincial fue escenario esta semana de un nuevo capítulo en el conflicto que mantiene paralizada a Lácteos Verónica, una empresa que alguna vez fue un actor central de la industria láctea regional y que hoy mantiene en vilo a más de 700 familias trabajadoras.
La reunión, coordinada por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, reunió a senadores de los departamentos afectados, ministros del Ejecutivo provincial, representantes del gremio Atilra e intendentes de las localidades donde la firma tiene sus plantas.
La conclusión más relevante del encuentro fue la definición de una estrategia de doble vía: por un lado, una convocatoria formal a los dueños de la empresa, la familia Espiñeira, para que presenten una salida ordenada; por el otro, un avance articulado por la vía judicial que permita a todos los sectores perjudicados sumarse a las demandas correspondientes.
El conflicto de Lácteos Verónica no es un hecho reciente, sino que se gestó a lo largo de más de un año. A principios de 2025, la empresa comenzó a acumular cheques rebotados por falta de fondos por una suma cercana a los 1.800 millones de pesos. En mayo de ese año, los trabajadores iniciaron medidas de fuerza que mantuvieron las plantas paralizadas durante ocho días, hasta que una intervención del Ministerio de Trabajo provincial logró una tregua que luego fue incumplida.
Durante 2025 surgió la posibilidad de un salvataje externo: una empresa francesa mostró interés en adquirir las plantas, pero esa operación nunca se concretó. Para enero de 2026, las plantas de Lehmann, Suardi y Clason se encontraban prácticamente sin actividad propia, y los salarios se pagaban de forma fragmentada. En los últimos días, la empresa logró frenar un pedido de quiebra tras cancelar una deuda de 23 millones de pesos con un acreedor, una cifra que resulta muy baja frente a la magnitud de la deuda total.
Las tres plantas afectadas se ubican en localidades del centro-oeste santafesino: Lehmann, en el departamento Castellanos; Suardi, en San Cristóbal; y Clason, también conocida como Classon-Totoras, en el departamento Iriondo. Según los datos expuestos en la reunión, el conflicto generó pérdidas superiores a los 60 millones de dólares para los productores lecheros y más de 14.000 millones de pesos para los proveedores, y afecta de manera directa a más de 700 familias de trabajadores. En cada una de estas localidades, la caída de la actividad económica es notable: cuando un trabajador no cobra, no consume, y la rueda económica se detiene, lo que pone en riesgo la subsistencia de comunidades enteras.
Presencias políticas
La reunión contó con una participación política transversal que refleja la magnitud del problema. Por parte del Senado estuvieron presentes el radical Felipe Michlig, el justicialista Alcides Calvo y los radicales Hugo Rasetto, Leonardo Diana, Germán Giacomino y Esteban Motta. El Poder Ejecutivo provincial estuvo representado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el ministro de Trabajo, Roald Báscolo; y funcionarios del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en representación de la ministra Victoria Tejeda. También asistieron el presidente comunal de Lehmann, Marcelo Bett, y los dirigentes de Atilra Alejandro Cabrera y Domingo Posetto.
Durante el encuentro, los trabajadores transmitieron la angustia de su situación y señalaron el profundo desgaste psicológico que este conflicto genera en ellos y en sus familias, además de un sentimiento de abandono por parte de la patronal. Los empleados llevan más de 90 días sin percibir sus salarios de manera regular, con deudas que se remontan a diciembre del año pasado, incluyendo el aguinaldo. En un gesto de desesperación, la empresa entregó a muchos de sus empleados cuatro o cinco hormas de queso, las últimas del stock, para que las revendan y puedan sobrevivir. Los trabajadores remarcaron que esta urgencia no puede quedar sujeta a los tiempos judiciales o políticos, ni tampoco a los plazos que demanden eventuales procesos de venta.
Uno de los principales obstáculos señalados durante la reunión fue la ausencia de los dueños de la firma, la familia Espiñeira, en todas las instancias de diálogo convocadas hasta el momento. Esta falta de interlocución, según coincidieron los presentes, dificulta el avance hacia una solución concreta y alimenta la sospecha de un proceso de vaciamiento progresivo de la empresa. Ante este panorama, el senador Alcides Calvo propuso realizar una revisión de todas las causas judiciales vinculadas a la firma, tanto en el ámbito provincial como nacional, con el objetivo de analizar en qué situación se encuentran y permitir que todos los sectores afectados puedan acoplarse a esas instancias.
Como resultado del encuentro, los participantes resolvieron avanzar en una convocatoria formal a los responsables de Lácteos Verónica para que puedan exponer su posición y participar de una mesa de trabajo conjunta. De manera paralela, se impulsará el avance por la vía judicial con la articulación de todos los sectores afectados, entre ellos empleados, productores lecheros, gobiernos locales, el gremio, empresas proveedoras y comercios vinculados. Los legisladores provinciales asumieron el compromiso de realizar un seguimiento activo de los procesos judiciales, mientras que los ministros provinciales gestionarán las acciones necesarias para garantizar celeridad en la respuesta de la justicia.
Las autoridades remarcaron que, de no mediar una solución responsable por parte de la familia Espiñeira, podrían derivarse consecuencias judiciales de gravedad. En los próximos días se convocará a una nueva audiencia para continuar avanzando en la búsqueda de una solución que resguarde los puestos de trabajo, la producción y el entramado económico de las comunidades afectadas. Mientras tanto, en las localidades directamente involucradas, la espera se vuelve cada día más insostenible para las más de 700 familias que dependen de una empresa que, por ahora, permanece en un silencio que todos interpretan como un abandono.
