Lo confirmó el fiscal De Luca a ambito.com. La causa que investigaba presuntos sobornos a senadores bajo la presidencia de De la Rúa, llega así a su fin luego de 15 años.
En declaraciones a ambito.com, el fiscal a cargo de la investigación, Javier de Luca, confirmó el cierre de la causa por presuntas coimas a senadores del PJ bajo la presidencia de Fernando De La Rúa. Sostuvo que, si bien no está conforme con el desenlace del caso, no apelará.
«La causa prescribió el dieciocho de diciembre porque el último acto procesal fue para la misma fecha seis años antes, entonces se cumple el paso del tiempo establecido y por ende prescribe», aclaró De Luca.
Consultado por ambito.com, manifestó que no está conforme con la resolución de la causa, pero aclaró que no apelará. «Es una causa que ya lleva quince años de investigación, y en caso de apelar, con mucha suerte voy a lograr que se extienda mínimo dos años más», argumentó.
«No hay forma de que esto se resuelva antes», dijo. «Tardó mucho en empezar este juicio, y fueron muchos meses de juicio oral», agregó.
Además de la demora en los tiempos judiciales que implicaría una apelación, De Luca señaló que no presentará ningún recurso extraordinario porque «quedaría librado a la libre interpretación de los jueces, y es algo muy difícil de probar, no alcanza para presentar un recurso», señaló.
Cabe recordar que la causa investigaba si bajo el gobierno de De la Rúa se pagaron pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley que quitaba beneficios laborales a trabajadores.
El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que se revelaran a través de la prensa presuntas negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley «de Reforma Laboral».
Bajo investigación quedaron el entonces presidente De la Rúa; su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez; su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y los senadores Albeto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros.
El tribunal afirmó que los hechos investigados «no existieron», y pidió al Consejo de la Magistratura que evaluara la actuación del juez federal a cargo de la pesquisa, Daniel Rafecas.
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