El trabajo del colectivo "Periodistas argentinas", fundado en 2018, enumera los casos, el más grave contra el fotorreportero Pablo Grillo: sólo durante el año pasado, fueron heridos mientras realizaban su trabajo 184 periodistas y fotógrafo/as. Y repasa los mecanismos coercitivos del aparato libertario para "transformar la información en publicidad oficial"
La organización Periodistas Argentinas, fundada en 2018 e integrada por trabajadoras de prensa y comunicadoras, difundió un preocupante informe sobre lo que denomina la «maquinaria del silencio» puesta en marcha por el Gobierno del presidente Javier Milei para ocultar los escándalos y los datos que ponen en entredicho el relato oficial.
El trabajo, bajo el título «Oíd mortales», repasa acciones extremas, como el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que le destrozó el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo, pero también otras agresiones físicas y mecanismos para amedrentar a los trabajadores de prensa que no se transformaron en virtuales difusores del Ejecutivo. Que los hay y son muchos.
Lo que sigue es el extenso y documentado informe del colectivo de profesionales, divulgado a un año de ese «punto de inflexión en la libertad de prensa en Argentina» que fue el 12 de marzo de 2025. La brutal agresión a Grillo.
Se cumple un año de ese ataque, el más brutal que soportan las y los trabajadores de prensa en cada cobertura de protesta social. Para las fuerzas de seguridad, somos un blanco: durante el año 2025 fueron heridos mientras realizaban su trabajo 184 periodistas y fotógrafo/as, según el informe de la Comisión Provincial por la Memoria
Estos ataques a la prensa por parte del Estado argentino durante la gestión del presidente Javier Milei forman parte de un plan sistemático que tiene como objetivo silenciar, disciplinar y controlar la agenda pública con un objetivo: transformar la información en propaganda oficial.
El resultado es de 278 periodistas agredidos durante 2025, según contabilizó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
El funcionamiento de esta maquinaria es responsabilidad de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. En paralelo, el gobierno nacional impulsó y obtuvo una reforma laboral que impacta de forma directa en las condiciones de trabajo del sector periodístico, y contempla la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.
1. Agresiones durante coberturas informativas
Periodistas Argentinas presentó un habeas corpus colectivo y preventivo el 19 de diciembre de 2023, a pocos días de asumir la nueva administración del Estado y en vísperas de la primera manifestación de protesta social.
A pesar de tratarse de una herramienta preventiva, que obliga al Poder Judicial a responder en 24 horas, el trámite demoró dos años en definir la competencia, obligando a expedirse a la Corte Suprema de Nación, que dictaminó fuero y juzgado para atender el reclamo. Sin
embargo, y a pesar de que las reiteradas agresiones continuaron, no se han dictado aún medidas de protección, así como indicaciones al organismo responsable, el Ministerio de Seguridad de la Nación, para que cumpla con su obligación de respetar los derechos constitucionales de libertad de prensa y expresión.
Concretamente: que dejen de atacar y de impedir que las y los trabajadores de prensa realicen su trabajo en forma segura, tal como exigió el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) al Estado argentino.
2. Acoso Judicial
En los últimos tres años, se realizaron 44 querellas contra periodistas promovidas por el Estado nacional. El Poder Judicial les otorgó diferentes destinos en su tramitación, aunque la mayoría fueron desestimadas. Todas fueron originadas por información y opiniones expresadas por las y los periodistas.
Se trata de un mecanismo “de judicialización de asuntos de interés público contra personas que ejercen la libertad de expresión”, tal como definió la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el propio proceso judicial es la condena: durante un período de tiempo –no menor a tres meses y en algunos casos, más– la persona involucrada es cuestionada, poniendo en juego no solo su reputación sino su puesto de trabajo.
La “noticia” del inicio de la causa judicial desencadena, además, el ataque ciber-disciplinario a través de las redes sociales y de cuentas sincronizadas y asociadas a la propaganda oficial.
El objetivo es castigar para debilitar a la persona y a su credibilidad.
3. Ciberataques
Tal como afirmamos en nuestro informe Ciberacoso a Mujeres Periodistas: la tecnocensura (2024), “la relación de las campañas de trolling y el periodismo es estratégica, ya que este ámbito es especialmente intervenido porque representa el campo difusor de actualidad: se convierte en blanco de los ataques para forzar la agenda de la conversación social”.
Trolls para dirigir ataques contra alguien en específico, bots para viralizar rápidamente un hashtag, difusión de datos personales o publicación de fake news son algunas de las estrategias visibles que se usan en las redes sociales para dañar la reputación de una persona, atemorizarla y correrla del debate.
4. Órdenes de censura
La censura de prensa es el control, restricción o supresión de la información difundida por los medios por parte de gobiernos, limitando la libertad de expresión y el derecho del público a estar informado.
Implica desde la censura previa, la persecución judicial y hostigamiento a periodistas, la presión sobre medios para despedir voces críticas, hasta la autocensura por miedo a represalias.
Todas y cada una de estas presiones están siendo hoy soportadas por las y los periodistas argentinos, pero este 2026 se avanzó sobre aquellos que todavía no habían activado:
Censura previa: a partir de una petición realizada por Edmundo Jiménez, máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán, el juez Lucas Taboada dictó una resolución que prohíbe a los periodistas, productores y conductores del grupo de medios CCC publicar críticas a fiscales, jueces o “al sistema de justicia provincial en su conjunto”, bajo apercibimiento de ser perseguidos penalmente por desobediencia judicial.
Presión para despedir voces críticas: a pesar que desde los recursos estatales se fomentan y sostienen formas de difusión de la propaganda oficial (streamings, perfiles en redes) la actual administración del Estado eliminó toda posibilidad de control ciudadano y transparencia del destino de esos fondos.
Ahora avanzó hacia los medios comerciales, con pedidos concretos de eliminación de voces críticas.
En ese contexto, el silencio empieza a aparecer como estrategia de supervivencia para muchas y muchos periodistas. Una censura que no necesita decretos. Solo necesita exposición, amplificación y desgaste.
A continuación detallamos cuatro casos que dan cuentan de cómo operan estos mecanismos:
1. Pablo Grillo
El 12 de marzo de 2025, durante la movilización de jubiladas y jubilados frente al Congreso de la Nación, el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por fuerzas de seguridad y resultó gravemente herido.
El proyectil le provocó fractura expuesta de cráneo y hematomas cerebrales severos, lesiones que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas y un prolongado proceso de recuperación.
El disparo fue efectuado por el gendarme Héctor Jesús Guerrero, integrante de la Gendarmería Nacional que participaba del operativo de seguridad desplegado en la zona del Congreso.
La justicia resolvió procesarlo por el delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con el delito de abuso de armas agravado por abuso de su función, reiterado en cinco oportunidades. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento, lo que dejó firme la imputación y permitió que la causa continúe su trámite hacia la etapa de juicio.
Desde Periodistas Argentinas sostenemos que el ataque contra Pablo Grillo no es un hecho aislado, sino una señal de alarma sobre la seguridad de quienes cubren protestas sociales. Junto con los gremios de prensa y organismos de derechos humanos reclamamos justicia por lo ocurrido y exigimos garantías concretas para que periodistas y reporteros gráficos podamos trabajar sin ser objeto de violencia estatal.
2. Nancy Pazos
Pocos días después de exponer en defensa de los medios públicos ante la Comisión Plenaria del Senado de la Nación que trataba la Ley Bases la periodista y presidenta de Periodistas Argentinas fue demandada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por opinar sobre posibles saqueos.
El ministro argumentó que esa información constituía un delito cuya pena era de seis años de prisión. La causa fue archivada recién seis meses después.
En diciembre de 2025, y luego de una reunión de funcionarios de gobierno con los nuevos propietarios del canal donde Pazos trabaja desde hace ocho años, la renovación de su contrato con la emisora Telefé quedó en suspenso, situación que sigue hasta la fecha ya que las autoridades del canal no han manifestado aún interés por prescindir de su trabajo.
En el marco de esta larga y tensa indefinición Pazos participó en dos acciones públicas impulsadas por organizaciones de periodistas en defensa del Estatuto del Periodista Profesional, que derogaba la nueva ley laboral.
La primera fue una conferencia de prensa en la puerta del Senado mediante la cual se presentó el petitorio firmado por más de tres mil periodistas solicitando la no derogación de esa herramienta de protección.
La segunda fue en las puertas del Congreso donde representantes de Periodistas Argentinas, Fatpren y Sipreba realizaron una performance con mordazas y cadenas para visibilizar la situación del periodismo y el riesgo que implicaba la derogación del Estatuto, norma que finalmente se derogó.
En ambas acciones, Pazos participó como representante de Periodistas Argentinas y acompañada por otras organizaciones del gremio (Fatpren, Sipreba). Sin embargo, desde diferentes medios y redes sociales recortaron su acción presentándola como una expresión personal y en respuesta a su situación laboral, induciendo así a desencadenar su despido.
La campaña no logró aún su objetivo.
3. Julia Mengolini
El caso de la periodista y fundadora de Futurock, Julia Mengolini, representa una acumulación de hechos que combinan hostigamiento desde las más altas esferas del poder, violencia digital constante, uso de inteligencia artificial con fines de humillación pública y la judicialización como mecanismo de criminalización de la opinión.
La cronología de los hechos permite dimensionar la magnitud y la escalada del hostigamiento.
Solo entre el 28 y el 30 de junio de 2025, el presidente Javier Milei realizó o compartió 93 publicaciones en la red social X dirigidas a la periodista. Fue una secuencia sostenida que incluyó replicar contenidos ofensivos, burlas y acusaciones personales. Y lo que comenzó como una reacción política, derivó en una cadena de hostigamiento digital sin precedentes recientes desde una cuenta oficial.
El conflicto escaló cuando cuentas afines al oficialismo comenzaron a difundir un video generado con inteligencia artificial que aludía a una supuesta relación incestuosa entre la periodista y su hermano.
Miles de mensajes amplificaron el ataque y Mengolini se convirtió en tendencia nacional. El uso de pornografía o insinuaciones sexuales falsas como herramienta de deslegitimación marcó un nuevo umbral en la violencia digital.
No se discute una opinión: se busca erosionar la integridad. La periodista describió el impacto de esa operación en términos personales y políticos: “No era solo para hacerme sufrir: era para torturarme”.
Ante la escalada pública del conflicto y alertado de que la periodista le iniciaría acciones legales, el 1° de julio de 2025, el Presidente denunció penalmente a Mengolini por injurias ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, invocando expresiones realizadas por ella.
La injuria es un delito de acción privada que prevé pena de multa.
En primera instancia, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a la excepción de falta de acción y dictó el sobreseimiento de la periodista. El magistrado entendió que las expresiones cuestionadas se encontraban amparadas por la libertad de expresión en el marco del debate público y concluyó que no configuran delito.
Esa resolución fue apelada por el presidente Milei y revocada en diciembre de 2025 por la Sala I de la Cámara Federal, que ordenó continuar el proceso.
Mengolini recurrió a la Cámara Federal de Casación para intentar revertir la decisión, pero en febrero de 2026, la Sala IV declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de la periodista y volvió a dejar habilitado el avance del juicio correccional. La decisión, adoptada por mayoría, no ingresó en el análisis de fondo y se limitó a considerar que el planteo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
En paralelo, el 14 de julio de 2025 Mengolini presentó su propia denuncia penal contra el Presidente, funcionarios de su entorno y usuarios de redes sociales, por amenazas, intimidación pública, incitación al odio, malversación de fondos públicos, asociación ilícita destinada a imponer ideologías por la fuerza.
El juzgado interviniente ordenó medidas de protección para la periodista, incluyendo custodia policial y botón antipánico, al considerar que existía un “riesgo cierto” para su integridad física y psíquica.
Además del mandatario, fueron imputados la diputada nacional Lilia Lemoine y un grupo de tuiteros afines al oficialismo, entre ellos el cineasta oficial Santiago Oría y Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”. La investigación apunta a establecer si los ataques fueron organizados y financiados con fondos públicos.
El expediente se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro. Periodistas Argentinas presentó un amicus curiae en esta causa.
Hacia finales de 2025, Julia Mengolini llevó su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos. Allí denunció persecución, hostigamiento digital y amenazas provenientes de estructuras alineadas con el gobierno.
Planteó que la campaña de “trolls” y ataques organizados la había convertido en un “caso mundial” de libertad de expresión. “Una pedagogía de miedo”, aseguró Julia.
4. Manuela Calvo
Periodista y documentalista, alcanzó notoriedad pública a raíz de las investigaciones que realizó sobre denuncias de incesto paterno-filial y de corrupción en el sistema judicial de la provincia de La Rioja, que derivaron en procesos judiciales en su contra que incluyeron medidas de censura previa.
Diversas organizaciones y medios han señalado estos procesos como parte de una forma sistemática de censura ejercida en su contra desde el ámbito judicial. A raíz de este contexto, Calvo tuvo que exiliarse temporalmente fuera de la Argentina, con sus pareja e hijos.
En abril de 2021 publicó la primera parte de su primer trabajo documental Mala Víctima, que tiene como protagonista a Paula Sánchez Frega, la primera víctima de difusión de material íntimo sin consentimiento que llevó su caso a juicio.
El 10 de junio de 2021 tras un proceso legal que duró cinco años en la justicia riojana, el denunciado fue condenado a 5 años de prisión efectiva.
En febrero de 2022 mientras se encontraba investigando y trabajando en su segundo documental, basado en el denominado «Caso
Arcoíris», la justicia de la provincia de La Rioja le impuso a Calvo una censura previa.
Debido a esta medida se le prohibió a Calvo publicar, divulgar, difundir cualquier información relacionada directa o indirectamente con el «Caso Arcoíris», y se le instó a borrar todo aquel trabajo relacionado con esta causa.
El domingo 5 de junio de 2022 fue allanado el domicilio de la periodista y se le sustrajeron todos sus elementos de trabajo, junto a los de su cónyuge, y le iniciaron una causa por desobediencia a la autoridad.
Al cabo de siete días, el 12 de junio, la jueza de Instrucción María Eugenia Torres respondió a un habeas data presentado por el equipo legal de Calvo, ordenando fijar como punto de pericia de los dispositivos confiscados toda «información vinculada a la niña» y por consiguiente realizar la devolución de los mismos.
El 23 de junio el equipo legal de Calvo conoció una lista de allanamientos provistos para ese mismo mes, en el que se incluían a las mismas abogadas. A consecuencia de ello, los diputados y las diputadas nacionales Mónica Macha, Cecilia Moreau, Natalia Souto, Susana Landriscini, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Natalia Zaracho y Carolina Yutrovic, presentaron un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación expresando su preocupación frente al allanamiento a Calvo. La diputada nacional Romina del Plá presentó también un proyecto de repudio por «el accionar de la justicia de la provincia de La Rioja».
En octubre de 2022, la justicia agregó una segunda imputación penal por el mismo caso con el delito de impedimento de contacto. Esta causa está en el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral del Menor Nº 1 de la provincia de La Rioja, y fue el defensor Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes e Incapaces, Pablo Ernesto Cubillo, que, en su poder de representación de la menor, realizó la
denuncia contra Calvo.
Posteriormente, en 2023, distintas medidas judiciales le prohibieron la cobertura de otros casos similares en la provincia, como el llamado «Caso Cosquillitas».
En junio de 2023, la jueza provincial Ana Carla Menem impuso una medida de censura contra Calvo, quien se encontraba realizando una investigación en una causa donde se denunciaba a esa jueza.
Organismos e instituciones, como el CISPREN, FOPEA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM), la Sociedad Interamericana de Prensa, la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA (ANCCOM) y la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual, se han pronunciado sobre la gravedad institucional en las causas contra esta periodista.
Para el año 2024, Calvo había denunciado cuatro censuras previas, sin resolverse, y varias amenazas de muerte.
En mayo de 2025 denunció un intento de detención ilegal de uno de sus hijos por parte de la policía de la provincia de La Rioja, hecho que llevó a la familia a exiliarse temporalmente fuera del país.
19 de diciembre de 2023: Periodistas Argentinas y la Asociación de Revistas Culturales (AReCIA) presentaron un habeas corpus colectivo porque “mañana miércoles 27 de diciembre, en el marco de una movilización, deben cumplir con su trabajo que entienden se siente amenazado”. Las medidas de protección solicitadas fueron dos: “se le requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación y de CABA las instrucciones que impartieron a las fuerzas de seguridad para interactuar con los trabajadores de prensa y que se ordene a esas fuerzas que no repriman ni dificulten su trabajo”.
Los habeas corpus son medidas de protección de la violencia estatal que no requieren firma de abogados y que el Poder Judicial debe resolver en 24 horas, máximo.
El juzgado de turno, el Contencioso Administrativo Federal Nº 7, decide reconducir la presentación como “ una acción de amparo” –que requiere patrocinio legal– y se declaró incompetente.
Febrero de 2023: Luego de salir al aire en el programa que conduce Mauro Federico, un dron irrumpió en el patio de la casa de la periodista Ivy Cángaro mientras miles de trolls lanzaban contra ella un ataque coordinado en las redes sociales.
29 de marzo de 2024, Cángaro narró este episodio en una entrevista al canal C5N: «Esa suerte de ataques son organizados. Hacen daño en lo personal, pero lo fundamental es que instalan opinión pública», consideró Cángaro.
27 de diciembre de 2023: La Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución. Ese mismo día, en tanto estaba el proceso de sorteo del juzgado que trataría el amparo, fue detenido el periodista Martín Brusas, hecho que motivó una nueva presentación de Periodistas Argentinas ante la Cámara de Apelaciones y derivó en un nuevo hábeas corpus.
En la movilización también fueron agredidos los cronistas Heber Ybañez (Telefé), Manuel Jove (TN), Alan Ferraro (TN) y Emanuel Herrera. Se determina que el juzgado de turno sería el Nº 6.
29 de diciembre de 2023: Periodistas Argentinas y AReCIA realizan una presentación para solicitar la excepción para que se trate el amparo presentado a información actualizada del informe de Periodistas Argentinas “Cronología de los ataques a la libertad de informar y de las agresiones a las y los periodistas que cubren hechos sociales que el gobierno no quiere que se informen a la sociedad”, que acompañó la campaña “7J. Que viva el periodismo: nuestra respuesta a los ataques a la prensa”, del 7 de junio de 2025.
3 de enero de 2024: El fiscal Miguel Ángel Gilligan determina que no hay razones para habilitar la feria judicial y tratar el amparo de Periodistas Argentinas y AReCIA. Ese mismo día la jueza de turno del tribunal Nª 11 resuelve que sí y habilita su trámite.
4 de enero de 2024: El juzgado de turno se declara incompetente para tratar el amparo.
9 de enero de 2024: La fiscalía general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo solicita elevar el trámite a la Corte para que resuelva la competencia en referencia al amparo presentado por Periodistas Argentinas y AReCIA..
9 de enero 2024: El presidente Javier Milei atacó con duros términos en redes sociales a la periodista Silvia Mercado (El Cronista), acusándola de “mentirosa serial”. Horas más tarde, durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró el ataque. Poco después no le renovaron el contrato anual en LN+.
En junio le denegaron la renovación de la acreditación de prensa en la Casa Rosada. Mercado se presentó ante la Justicia pero antes de que esta se pronuncie, la Casa Rosada volvió a acreditar a la periodista.
11 de enero de 2024: La Cámara desestima el pedido fiscal, ratifica la habilitación de la feria y remite la causa del amparo de Periodistas Argentinas y AReCIA a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de CABA.
15 de enero de enero: El juzgado de turno en el que recae la causa la remite al juzgado de origen, el Nº 11, donde originalmente se radicó el pedido de Periodistas Argentinas y AReCIA.
16 de enero de 2024: El juzgado Nº 11 reitera su incompetencia y la remite al Juzgado Criminal y Correccional Nº 10.
18 de enero de 2024: El Juzgado Nº 10 se declara incompetente.
18 de enero de 2024: La corresponsal del diario La Nación en París, Luisa Corradini, fue calificada por el Presidente de “mentirosa” y de “trabajar para un medio que opera contra el Gobierno”. El ataque se originó porque, en su crónica, la periodista describió que el discurso del Presidente en la cumbre de Davos fue recibido “con estupor y sorpresa”.
19 de enero de 2024: Primer ataque masivo del presidente Milei en redes contra la periodista María O’Donnell. El posteo de Milei fue un retuit que decía: «Se cayó en tiempo récord la operación de María O’Donnell contra Milei».
El mensaje también se replicó de inmediato desde otras cuentas de similar perfil, que fueron agregando otros elementos y sus propias versiones del agravio.
20 de enero de 2024: Periodistas Argentinas presentó un informe de las agresiones y el recorrido de la causa judicial ante la CIDH para solicitarle que “requiera al Estado argentino que se “abstenga de realizar actos que comprometan la vida, la integridad personal, la seguridad y la labor profesional de las y los periodistas
durante las movilizaciones sociales”.
31 de enero de 2024: Durante la movilización que se realizó en el marco del tratamiento de la llamada Ley Bases en el Congreso de la Nación son agredidos el periodista Lucas Pedulla –golpeado con un palo en el cuerpo y su celular, al caer de su mano, destrozado por las fuerzas de seguridad. El periodista de Mu fue uno de los dos firmantes del habeas corpus presentado en diciembre. También fueron quemados por el gas disparado por las fuerzas de seguridad los fotógrafos Ignacio Yuchark (revista MU/lavaca) y Rodrigo Abd (AP)
1 de febrero de 2024: En el marco del tratamiento legislativo de la llamada Ley Bases fueron agredidos por las fuerzas de seguridad al menos 22 trabajadores de prensa, la mayoría heridos por balas de goma y quemados con gas pimienta.
Los heridos:
● Víctor Carreira, reportero gráfico, Télam, un balazo de goma en la pantorrilla.
● Alfredo Luna, reportero gráfico, Télam, un balazo de goma en el muslo.
● Lorena Tapia, periodista, TVP, balazo de goma en la cintura.
● Ignacio Petunchi, reportero gráfico, Ámbito Financiero, balazo de goma en la espalda.
● Bernardino Ávila, reportero gráfico, Página/12, balazo de goma en el gemelo.
● Hernán Nucera, cronista, C5N, cuatro balas de goma.
● Nicolás Ramos, reportero gráfico, AnRed, balazo de goma en la pierna.
● Susi Maresca, reportera gráfica, recibió tres impactos de bala de goma.
● Rodrigo Ruiz, reportero gráfico, Cítrica, herida de impacto de perdigón en pierna izquierda.
● Celeste Alonso, reportera gráfica, freelance, balazo de goma.
● Santiago Loidl, Télam, balazo de goma.
● Daiana Quiroz, Telesisa, balazo de goma.
● Laki Perez, Telesisa, balazo de goma.
● Bruno Ganje, camarógrafo, Canal 9/IP, balazo de goma.
● Agustín Maicas, cronista audiovisual, Télam, aspiró mucho gas y se desmayó.
● Martín Vega, revista Crisis, dos balazos de goma, mano y pierna.
● Juan Santiago Valeiro, reportero gráfico de la revista Mu, balazo de goma en el brazo.
● Lucas Zunino, La Garganta Poderosa, cuello quemado con gas pimienta.
● Sol Erazo, Tramas.ar, varios balazos de goma en la pierna.
● Kresta Pepe, fotógrafo, La Izquierda Diario, balazo de goma en la cara.
● Germán Darío de Los Santos, DTL! , balazo de goma.
● Hernán Vitenberg, reportero gráfico, balazo de goma en el abdomen.
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