La audiencia estaba estipulada a las 14. Si bien se pudo iniciar, un corte en la conexión hizo que las autoridades judiciales tuvieran que diagramar un operativo policial para trasladar al líder de la barra de Rosario Central desde su lugar de detención hasta el Centro de Justicia Penal
La audiencia imputativa al líder de la barra de Rosario Central, Andrés «Pillín» Bracamonte, sufrió un retraso de cuatro horas debido a problemas relacionados con la conexión de internet y recién comenzó a las 18 de este jueves en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento al 2800.
Si bien la audiencia se inició pasadas las 14, luego de que Pillín se presentara por videoconferencia desde el penal de 27 de Febrero y Circunvalación ante la jueza Valeria Pedrana, hubo problemas técnicos que obligaron a que los funcionarios judiciales diagramaran un gran operativo policial para trasladarlo hasta el edificio judicial.
Pillín llegó pasadas las 17 y se sentó junto a sus abogados defensores Carlos Varela y Adrián Martínez para escuchar la acusación del fiscal Miguel Moreno.
Bracamonte, de 48 años, fue detenido este lunes por la mañana en su casa en el barrio privado de Ybarlucea en el marco de 16 allanamientos que también se hicieron en Rosario, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y Timbúes.
En esos operativos, también fueron allanados y demorados algunos de sus socios en el marco de la causa que lo tiene en la mira por lavado de dinero.
Las empresas que quedaron bajo la lupa se crearon en dos años y están dedicadas a rubros disímiles son: Vanefra SRL, Ruffino SAS, Ser-Eco SRL y Kabrasi SRL.
Dos de estas firmas, dice la pesquisa, le prestan servicios de Rosario Central. Por ello, el último procedimiento del lunes fue en la secretaría contable de la sede del club de Arroyito, ubicada en Mitre 853.
En ese lugar, el personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) no sólo buscó facturas relacionadas con estas sociedades sino que también recolectó documentación de otro socio de Pillín, el empresario futbolístico Carlos Silvetti, quien en 2007 y 2008 tuvo gran cantidad de jugadores de Central bajo su representación.
El patrimonio del líder del paravalanchas canalla comenzó a ser investigado luego de que el fiscal Miguel Moreno allanara su vivienda en abril pasado en el marco de la causa del crimen del policía Cristian Ibarra y secuestrara alrededor de 2 millones y medio de pesos.
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