El concejal expresó su oposición a la idea de cargar con más gastos y responsabilidades a los vecinos de Rosario
En tal sentido criticó enérgicamente el proyecto de la concejal Fernanda Gigliani del bloque Iniciativa Popular, que busca imponer la obligatoriedad de instalar grupos electrógenos en todos los edificios, tanto nuevos como existentes y dentro del área delimitada por el río Paraná, bulevar 27 de Febrero y avenida Francia.
Blanco argumentó que la propuesta de trasladar a los ciudadanos una responsabilidad y cargo económico que que no les corresponde, es un despropósito.
«No se puede obligar a los vecinos a tener que resolver cuestiones ajenas a su competencia, ya que la misma es responsabilidad del Estado qué, dicho sea de paso, viene haciendo desde el año pasado una gran inversión en la EPE y que logro en tal sentido, reducir a un tercio los cortes de años anteriores».
«Volviendo al asunto, es como si obligáramos a la gente a instalar rejas, alarmas y seguridad privada por la delincuencia. Cada uno lo hace de la manera que quiere y puede respecto de sus posibilidades, pero no está obligado».
«Hay muchos edificios qué han instalado grupos generadores de electricidad, pero lo hicieron porque económicamente todo el consorcio podía solventarlo, porque era viable en términos de seguridad e higiene y porque el edificio en términos estructurales lo permitía».
El edil insistió en las dificultades técnicas y económicas que implicaría la implementación de esta normativa en edificios existentes.
Blanco explicó que en muchos casos será de cumplimiento imposible, ya que para poder hacerlo debió estar previsto estructuralmente de antemano.
«Son equipos que, además de caros, requieren infraestructura específica y lugar ventilado y abierto. Deben ser insonorizados e instalados con elementos que absorban las vibraciones para no molestar a propios y vecinos».
«Además como funcionan con gas o gasoil, deben preverse las medidas y previsiones que de parte de las empresas proveedoras de esos combustibles, requieran al efecto».
«Esto podría significar ocupar espacios abiertos y linderos con otras propiedades vecinas, generando conflictos por ruidos y vibraciones».
En cuanto a las nuevas construcciones, Blanco reconoció que podrían incluir estas instalaciones en sus proyectos, pero advirtió sobre el incremento en los costos qué en definitiva termina encareciendo el valor final de la unidad y que terminan pagando los usuarios finales del inmueble.
Blanco también puso en duda la viabilidad de obligar a los consorcios de edificios existentes a realizar una inversión de tal magnitud, especialmente considerando las diversas realidades económicas de los propietarios.
Asimismo, recordó la necesidad de obtener la factibilidad de Litoral Gas para aquellos equipos que funcionan con este combustible, lo que añade otra variable a considerar.
«Obligar a los vecinos a instalar algo que no están demandando, cuando lo que realmente piden es un suministro eléctrico eficiente, me parece absolutamente desproporcionado y fuera de toda lógica», concluyó el concejal Blanco, reafirmando su rechazo a la propuesta en los términos planteados.
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