La concejala presentó un proyecto de declaración a través del cual rechaza la decisión del gobierno de Javier Milei. "Debilita la lucha contra el lavado de capitales y el crimen organizado"
La concejala Fernanda Gigliani expresó su profunda preocupación por la desregulación de capitales no declarados anunciada por el gobierno nacional.
«Habilitar el ingreso al sistema económico formal de capitales no declarados sin la aplicación de mecanismos de control rigurosos para verificar su origen, atenta contra la lucha del lavado de activos y el crimen organizado, especialmente en una ciudad como Rosario, que históricamente afectada por el narcotráfico», dijo.
Gigliani advirtió que la ausencia de controles eficientes en este blanqueo de capitales podría facilitar la legitimación de fondos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico y la evasión fiscal.
«Esta medida permitiría a personas físicas y jurídicas ingresar al sistema económico fondos cuyo origen no se encuentra acreditado, sin controles eficientes, lo que podría habilitar el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas», sentenció.
La postura se fundamenta en la experiencia local, donde el lavado de dinero ha sido una herramienta clave para las organizaciones criminales. La ciudad ha sido pionera en la creación de herramientas institucionales para la prevención del lavado de activos, como la Ordenanza N° 9204/2014, que creó el Sistema de Control Económico Financiero de Grandes Inversiones, y la Ordenanza N° 10370, que estableció la Oficina Municipal de Prevención y Control del Lavado de Dinero.
Gigliani destacó la reciente apertura en 2022 de una delegación regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario, fruto de una demanda histórica de fiscales, jueces federales y organismos municipales, y considerada una herramienta clave para el control de operaciones sospechosas en una región altamente vulnerable.
Organismos nacionales como la UIF, la AFIP, el BCRA y el Ministerio Público Fiscal han advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos de implementar políticas de blanqueo de capitales sin la debida supervisión.
«Medidas de desregulación como la anunciada por el Gobierno Nacional colisionan con las políticas públicas de transparencia y control que la ciudad de Rosario ha sostenido en los últimos años y que representan un serio retroceso en la lucha contra el crimen organizado», remarcó.
«Le pedimos al municipio asegurar el pleno funcionamiento de los organismos locales destinados al control de
activos, independientemente de la continuidad o accionar de las reparticiones nacionales», cerró.
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