Ciudad

Concejo Municipal: Lifschitz impulsa exámenes toxicológicos periódicos a todo el personal político rosarino

El proyecto establece la obligatoriedad de la realización de exámenes toxicológicos de manera aleatoria a todo el personal político del Departamento Ejecutivo y del Concejo Municipal

El autor del proyecto, Federico Lifschitz, destacó que el examen incluye al intendente, secretarios, subsecretarios y autoridades de entes descentralizados.

“Estamos convencidos que la detección de consumo de sustancias psicoactivas en funcionarios públicos permite prevenir situaciones que puedan afectar el correcto ejercicio de sus funciones y la toma de decisiones”, adelantó.

De esta manera, los funcionarios públicos deberán someterse a pruebas obligatorias de test toxicológicos al inicio de su mandato. Al mismo tiempo habrá otros con intervalos regulares y de selección aleatoria.

“Posteriormente al test inicial, las pruebas se realizarán a intervalos regulares de seis meses con selección aleatoria de participantes. Para llevar a cabo estos controles semestrales, se utilizará un software de generación de números aleatorios para seleccionar a los funcionarios que deberán realizar las pruebas. Este proceso garantizará la imparcialidad y transparencia en la selección y deberá ser publicado periódicamente en la web oficial”, explicó.

Vale decir que quienes a partir de una prescripción médica justifiquen el uso de algún fármaco deberán presentar certificado de un profesional competente de manera periódica dando cuenta de la prolongación del tratamiento.

La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Secretaría de Salud Municipal, la cual deberá establecer el protocolo de realización de los test y los mecanismos de resguardo de la información obtenida.

En caso de detectarse resultados positivos, y sin perjuicio de los procedimientos administrativos que correspondan, la autoridad de aplicación comunicará dicha circunstancia a las autoridades correspondientes; y se procederá al cese en sus funciones, para el personal superior y de gabinete. El personal que se niegue a realizar el examen estará sujeto a medidas disciplinarias.

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