La jueza en lo civil y comercial Verónica Gotlieb ordenó a la empresa “Protierra SRL” restituir dinero y pagar daños patrimonial en dólares y $1.000.000 por daño moral. El loteo debía entregarse a principios de 2022, pero esto nunca ocurrió y la desarrolladora se negó a devolver el dinero en dólares
La jueza en lo civil y comercial Verónica Gotlieb ordenó a la empresa “Protierra SRL” restituir dinero y pagar daños patrimonial en dólares y $1.000.000 por daño moral a una pareja de jóvenes profesionales que habían comprado 3 lotes en el desarrollo inmobiliario “Las Moras II”, de Ricardone.
Según el periodista Alberto Furfari en el portal Versión Rosario, el loteo debía entregarse a principios de 2022, pero esto nunca ocurrió. Los compradores esperaron más de un año y terminaron rescindiendo el contrato. La desarrolladora se negó a devolver el dinero en dólares como se había pagado, por lo que se inicio la demanda de daños y perjuicio en base a la ley de defensa al consumidor.
Se demostró que el desarrollo no obtuvo el certificado de impacto ambiental hasta mediados de 2024. Y aún no cuentan con aprobación de hidráulica definitiva, ni con los servicios básicos (como gas). Tampoco se han finalizado trámites ante Catastro, ni se obtuvo la aprobación provincial ni la de la comuna.
El convenio que se firma normalmente con las comunas o municipalidades antes de iniciar estos emprendimiento se firmó recién en mayo de 2023 después de iniciada obras y luego de vender lotes.
Por lo tanto, consideraron los compradores patrocinados por el abogado Alberto Martínez que la empresa violó la normativa provincial decreto 7317/67 y el convenio urbanístico que se firmo después de iniciar obras y incluso con posterioridad a la fecha que se tenía pactada para la entrega de los lotes con posesión y escritura, los que debían contar con servicios de gas y luz entre otros, ya que estas normativas prohíben vender lotes sin aprobaciones definitivas. Aun así, el gobierno comunal anterior, al actual que es de otro color político, permitió entregar algunos lotes en forma de una tenencia precaria irregular, lo que derivó en clausuras de obra particulares tras el cambio de gestión, debido algunos compraron los lotes y empezaron a construir sin los permisos correspondientes.
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